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El grano de Hollywood se llama España

La Asociación de Productores denuncia la cómoda impunidad de la piratería

Hollywood está convencido de que le ha salido un grano en España. Las descargas de películas no autorizadas le están costando caro. Se estima que en 2009 la industria del cine perdió más de 4.000 millones de euros (IDC) por efecto de la piratería digital, respecto a los 18.000 millones en que se cifran las pérdidas mundiales. La Motion Picture Association (MPA), asociación que defiende los intereses de los grandes estudios cinematográficos, considera que España debe adoptar medidas "más activas" si quiere salir de las listas de los países más "piratas", según señala Michael Robinson, su responsable de propiedad intelectual.

Robinson precisa que la MPA nunca realizará un boicoteo general contra España dejando, por ejemplo, de distribuir DVD como amenazó hace meses Sony, según publicó Los Angeles Times. Posteriormente el estudio puntualizó que eso no entraba en sus planes.

"Las webs ilegales no tienen ideales, solo persiguen ganar dinero"

La MPA apoya la 'ley Sinde' para controlar las descargas

"Potencialmente ese riesgo existe. Cuesta mucho dinero hacer una película y no todas ellas son rentables. La piratería tiene un impacto muy fuerte en las finanzas de la gente que dedica su dinero al cine y evidentemente retrae la inversión en la industria. Pero medidas como la de retirarse de un mercado solo pueden ser adoptadas compañía por compañía. Nosotros no podemos adoptar una postura común", indica Robinson, de visita en España.

El responsable antipiratería de la MPA considera que hay varias razones por las que España ocupa un lugar destacado en la piratería: tiene una conexión a Internet de calidad "y eso facilita las descargas"; falta una adecuada educación del usuario, que entienda que hay alternativas legales a la hora de disfrutar del cine, como pagar por ver una película en Internet o comprar un DVD; la dificultad "tremenda" para los propios usuarios en distinguir qué páginas suministran contenidos de forma legal y cuáles no. "En eso necesitamos que el Gobierno y los proveedores de Internet (ISP) nos ayuden a retirar o a bloquear esas páginas ilegales", añade.

La MPA ha acogido favorablemente la legislación que ha propuesto la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, centrada en el bloqueo de webs que enlazan contenidos no autorizados, pero que descarta la persecución del internauta, como ha hecho Francia. Robinson no se decanta por ningún modelo pero elogia la solución española. "No hay una solución única. El modelo español de bloquear las webs ilegales tiene un enorme impacto puesto que desactiva la capacidad de muchos usuarios individuales para descargar contenidos ilegalmente. Respecto a los que han optado por una respuesta directa a los usuarios, por un sistema de avisos antes del corte del servicio, lo que valoro es que existe una gradualidad que fomenta la educación del usuario y le incita a distinguir entre lo que es legal y lo que no. Lo importante es que no se criminalice al usuario".

Para Robinson, Internet necesita estar bajo el imperio de la ley porque el hecho de que esté en el ciberespacio no significa que las leyes no se puedan aplicar en ese ámbito. "Si alguien coge un DVD en una tienda y se lo lleva sin pagar, todo el mundo sabe que eso es ilegal. En el mundo físico tenemos leyes que protegen los derechos de la gente. ¿Por qué debe ser menos ilegal si alguien roba contenido a través de Internet? Internet es algo maravilloso que hace nuestras vidas mucho más fáciles, pero necesitamos reglas legítimas que combinen adecuadamente el derecho a la libre circulación de la información y los derechos de los creadores".

El responsable de la MPA quiere dejar claro que "las webs ilegales no persiguen ideales como la distribución de contenidos culturales gratuitos en Internet ni la necesidad de compartir, ni nada parecido. Su único objetivo es ganar dinero con las suscripciones o la publicidad. Hablamos de decenas de miles de dólares. En Francia, por ejemplo, la industria estimó que esas webmasters ganan 35.000 euros al mes".

Robinson rechaza completamente que la gente descargue películas gratis porque no exista una oferta legal suficiente. "Puede que hace años hubiera algo de cierto pero ahora hay un montón de alternativas legales. Solo en Europa hemos pasado en dos años de 150 sitios web de descargas legales a más de 700, según el Observatorio Audiovisual Europeo. "Es difícil abrir una tienda en Internet si tienes alguien vendiendo un DVD en una manta en la esquina de tu calle o si lo puedes bajar gratis. El coste de una película no es desorbitado, pero obviamente sale mucho más caro que si robas directamente en Internet".

Para las compañías de acceso a Internet tiene una dura recriminación: "Pueden y deben hacer mucho más de lo que hacen. Deben cooperar para proporcionar los datos necesarios para identificar a los infractores. Pero muchas veces no lo hacen salvo que haya una legislación clara que delimite dónde está el derecho a la privacidad y dónde el respeto a la propiedad intelectual", concluye.

En todas las listas

- El Congreso de EE UU en su informe Caucus Antipiratería Internacional de 2009 ha situado a España, por segundo año consecutivo, a la cabeza de los países más "piratas", junto a China, Rusia, México y Canadá.

- España ha vuelto a aparecer en la Lista 301, que cada año redacta el Departamento de Comercio de los EE UU. Está incluida en la lista de vigilancia junto a países como Kuwait, Líbano, Vietnam, Rumanía o Turkmenistán, pero mejor situado que los de la lista prioritaria (Argentina, China, Rusia y Venezuela, entre otros).

- El último informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica situaba a España a la cabeza de la "piratería" musical en Europa con una caída deventas del 17% en 2009.

- El informe de IDC encargado por la Federación Antipiratería (FAP) destaca entre sus conclusiones que el valor absoluto de los contenidos pirateados supone exactamente el 83,7% del mercado legal digital.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de junio de 2010

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