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Las consecuencias del ajuste económico

Arranca la negociación contrarreloj

ERC está más cerca del acuerdo, CiU exige cambios, el PNV se distancia del pacto con objeciones de fondo, el Ejecutivo ve accesible a CC y la izquierda está lejos

El Gobierno ha empezado a negociar ya intensamente con los grupos parlamentarios el texto del decreto de reforma laboral que aprobará el miércoles el Consejo de Ministros. Durante el fin de semana, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha mantenido conversaciones telefónicas con los portavoces de los partidos que podrían apoyar el texto, es decir, CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria. El proceso culminará el lunes y el martes ya con reuniones.

Por el momento, ERC es quien más cerca está del acuerdo, y el PNV el más alejado, tras los contactos preliminares. Y CiU intenta incluir modificaciones vinculadas a sus posiciones tradicionales, como la participación de las empresas de trabajo temporal, el reforzamiento de las medidas para evitar la dualidad del mercado laboral entre contratos fijos y temporales, la precisión de los efectos legales del decreto y más medidas de fomento de la contratación.

Corbacho aclara a los grupos que está abierto el despido de empresas en crisis

El Ejecutivo ha dejado flecos abiertos para facilitar el acuerdo

El Ejecutivo ha dejado flecos abiertos para la negociación, porque esta vez no quiere que sea un texto cerrado y aprobado en el Consejo de Ministros sin acuerdos. Sobre todo en lo referido a las causas objetivas de despido, es decir, la posibilidad de rebajar a 20 días las indemnizaciones para empresas con seis meses de pérdidas.

De hecho, Corbacho llamó ayer a varios portavoces, como Joan Ridao (ERC), para aclararles que el proyecto de decreto que les ha remitido no incluye este punto y que, por tanto, no es un aspecto cerrado, sino sujeto a modificaciones y negociación. Incluso, el ministro atribuyó a la interpretación periodística este apartado que serviría para baratar el despido.

Con esta salvedad, ERC tiene una posición de principio muy favorable, aunque sus tres votos por sí solos no garantizan la convalidación del decreto el día 22. Su pretensión es la de obviar más los aspectos referidos al despido, para reforzar los relacionados con lo que llama la "cañería de entrada al mercado de trabajo", por ejemplo, con bonificaciones para contratos de jóvenes. Ridao ha remitido a Corbacho las "enmiendas" de ERC al texto del Gobierno.

Sí completaría esa mayoría necesaria CiU, cuyo portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, mantiene contacto telefónico con Corbacho durante el fin de semana, sin descartar que vuelva a hablar con Zapatero.

"Hay cosas que nos gustan y otras que habría que mejorar", asegura uno de los negociadores de CiU, y el lunes la dirección de esta formación examinará el estado de la negociación, aunque previsiblemente no se cerrará hasta el último momento. CiU es clave porque sí asegura un respaldo holgado del decreto.

El PNV, en principio, tiene muchas más objeciones al texto del Gobierno. Los nacionalistas vascos han quedado con Corbacho para una reunión el lunes por la mañana en la que formalmente confrontarán sus posiciones.

De salida, fuentes del PNV aseguran que tienen una "mala impresión" y que la propuesta del Gobierno está "más cerca de las posiciones de los empresarios". De hecho, el sindicato nacionalista vasco ELA ya ha convocado una huelga general para el día 29, sin esperar a conocer el texto que apruebe el Gobierno, lo que dificulta el voto favorable del PNV. Los nacionalistas vascos citan como objeciones que "la causalidad puede terminar siendo un brindis al sol" y que "no se reduce la temporalidad, ni se evita el encadenamiento de contratos temporales". Hasta llegan a hablar de "problemas de inconstitucionalidad en la desjudicialización" de los despidos, al provocar "desprotección jurisdiccional" y "atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva". Por último, plantean como motivo de posible rechazo que el texto acaba con la negociación colectiva.

El Gobierno considera factible tener, finalmente, el apoyo de los dos diputados de Coalición Canaria. Su portavoz, Ana Oramas, ha hablado también ya con el Gobierno y es probable que vuelva a haber conversaciones telefónicas de Zapatero con el presidente de CC, Paulino Rivero.

La agenda de conversaciones incluye a todos los grupos, desde luego al PP. "No queremos vender la piel del oso antes de cazarlo", señalan fuentes de la dirección socialista, conscientes de que la exigencia al Gobierno del PP, y de los grupos nacionalistas a que cambie la legislación laboral no es sinónimo en absoluto de que vayan a refrendarla.

Los socialistas dicen haber aprendido de que "la coincidencia en los contenidos no es garantía para que los grupos de oposición apoyen lo que presenta el Gobierno".

El vicesecretario general de Política Regional y Local del PP, Javier Arenas, garantizó ayer que su partido "dirá sí" a reformas laborales que sirvan para generar empleo e incrementar la estabilidad laboral, aunque advirtió al presidente del Gobierno que no aceptarán "improvisaciones" ni "otro decretazo", informa Europa Press.

Es seguro que la izquierda no apoyará esta reforma, a juzgar por el rechazo que ya ha manifestado Gaspar Llamazares (IU), Joan Herrera (ICV), Francisco Jorquera (BNG) y Uxue Barkos (Nafarroa Bai).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de junio de 2010