Las denuncias ciudadanas contra la videovigilancia se disparan

Una sauna madrileña tenía instaladas tres cámaras de vigilancia, dos dentro del local y otra en el exterior. Pero los clientes no tenían noticia de ello. Las cámaras de vigilancia no solo precisan permiso previo, sino que deben anunciarse en carteles. Y allí no los había. Denuncias de este tipo se han disparado hasta convertirse en una de las más repetidas ante la Agencia de Protección de Datos. Una señal de que el ciudadano está molesto por la proliferación de cámaras y de que, además, ya está dispuesto a denunciarlo.

En el caso de la sauna de Madrid, el resultado ha sido una multa de 10.000 euros. Protección de Datos, después de recibir una denuncia presentada por la Policía Municipal, consideró la infracción grave.

Multa de 10.000 euros para la sauna que no informó de sus cámaras

El director de una empresa espiaba a una candidata en Facebook

Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que no tienen que dejarse filmar, y también de otras violaciones de su privacidad, por ejemplo de que se difundan datos personales en la Red sin su consentimiento. Sobre todo cuando el nombre del afectado cae en listas de morosidad de las que es casi imposible salir. Esto es lo que se desprende de la memoria anual 2009 de la Agencia Española de Protección de Datos. Las denuncias, relacionadas principalmente con esas cuestiones, aumentaron un 75% respecto a 2008, hasta sumar un total de 4.136. La agencia dictó 621 sanciones que suman un montante en multas de casi 25 millones de euros.

Las reclamaciones por la videovigilancia prácticamente se han duplicado en un año, hasta llegar a las 721 denuncias. Locales comerciales con cámaras que toman imágenes de la vía pública -la normativa obliga a que no se capte más imagen que la necesaria, por ejemplo, una cámara cuya función es vigilar la entrada a un garaje no debe abarcar un campo mayor-, cámaras instaladas en ventanas de viviendas, ubicadas en lugares de trabajo o entidades públicas sin exhibir el cartel informativo correspondiente, todos han sido objeto de denuncia. Los denunciantes fueron tanto fuerzas de seguridad como ciudadanos particulares, y sus motivos, variados.

El otro ámbito protagonista es el de la morosidad. Las denuncias interpuestas por personas cuyos datos se habían tratado de forma indebida para ser señalados como malos pagadores crecen un espectacular 225%. Sirva un ejemplo: Joaquín (nombre supuesto) probó a meter su nombre en un buscador y se encontró con una desagradable sorpresa. Asociada a sus datos aparece la información relativa a un juicio por una deuda. Joaquín es policía local y consideraba que esa información le perjudicaba profesionalmente. Además, esos datos, a disposición de cualquiera, podrían ser utilizados para fines distintos de aquellos para los que fueron presentados inicialmente. Protección de Datos acabó por instar al buscador a retirar esa información personal.

Los ciudadanos han encontrado un amplio surtido de razones relativas a la morosidad para echarse las manos a la cabeza y presentar una denuncia. Vulneración del deber de secreto en el intento de cobrar una deuda, aireando su cuantía a familiares y conocidos para forzar el cobro; empresas que vendían sus carteras de deudores a terceros para gestionar el cobro de deudas referentes a miles de clientes; y en varios casos se realizaba la cesión de una deuda inexistente. La lista es larga y se tradujo en 783 denuncias el año pasado frente a las 349 del anterior.

Las redes sociales, como Facebook o Tuenti, son una nueva fuente de oportunidades, pero también de dolores de cabeza. Desde el ámbito de la docencia, algunos profesores se han quejado de ver suplantada su identidad o difundidas fotografías tomadas en el entorno educativo con ánimo de burla.

Una usuaria de una red social vio como su fotografía era captada de su perfil y difundida a través de SMS por otra usuaria a la que había aceptado como amiga. Y otra admitió a un desconocido como amigo para descubrir más tarde que se trataba del director de una empresa a la que había enviado su currículo, y que sus intenciones no se ceñían a lo profesional, precisamente.

Sin ninguna denuncia en 2008, las redes sociales se han ganado 31 en 2009. La cifra absoluta no es llamativa, pero es uno de los terrenos nuevos que la Agencia de Protección de Datos quiere vigilar muy de cerca.

El descontento de los ciudadanos se deja ver también en las reclamaciones por difusión de información personal de todo tipo a través de Internet. Algunos ejemplos son la presencia no autorizada de datos en foros, blogs o portales de vídeo como Youtube. Y también en páginas con información de carácter jurídico. No se libra la difusión de datos sin consentimiento previo en páginas de anuncios o portales de contactos personales. Además, se abrieron investigaciones de oficio a portales de contactos en los que se podía votar la apariencia física de los usuarios, incluidos los menores de 14 años. Hubo 158 denuncias asociadas a la Red en 2009.

El llamado derecho al olvido -la petición que hacen las personas de que sus datos se cancelen en las páginas de Internet y de que no aparezcan en los resultados de los buscadores- fue invocado por 57 personas en 2009, el triple que un año antes. Se intenta, por ejemplo, borrar información sobre víctimas de violencia de género que puede facilitar su localización, sanciones administrativas ya cumplidas, edictos de deudas vencidas y hasta indultos.