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Un colegio concertado obliga a pagar 90 euros al mes

El centro represalia a los padres que rechazan abonar la cuota voluntaria

La hija mayor de Javier Baena se cayó en el patio y se torció un tobillo. Hasta ahí, lo normal, cosas de niños. Pero Javier denunció al colegio Nuestra Señora de la Merced (Ciudad Lineal) por lo que pasó después. Cuando fueron a recogerla al centro, reclamaron el parte de urgencias para llevarla al hospital Niño Jesús. "No", les dijeron en secretaría, "los padres que no pagan las cuotas de extraescolaridad de los niños no tienen derecho aparte". Así consta en la denuncia presentada por Baena a la Consejería de Educación. No es la única.

Otros padres del mismo colegio, un centro concertado (sostenido con fondos públicos), han denunciado a la empresa propietaria (Enseñanza y Pedagogía, SA) por intentar cobrarles a toda costa las cuotas voluntarias y, lo que es peor, por "tomar represalias" contra ellos, tal y como lo describen desde la propia Consejería de Educación. El colegio Nuestra Señora de la Merced, con 920 alumnos, ha convertido las cuotas voluntarias en obligatorias. Educación tiene constancia desde hace dos años de denuncias relacionadas con amenazas del dueño del centro a una madre o la denegación a otra de las notas de su hijo por su rechazo a pagar íntegros los 90 euros mensuales que el colegio ha fijado.

Educación tiene constancia de amenazas a algunos progenitores

"Los que no abonan no tienen derecho a un parte médico", dice el colegio

La Ley Orgánica de Educación (LOE) señala que los colegios concertados, como los públicos, deben ofertar educación gratuita. Pero hay centros que disfrazan los cobros de "cuotas voluntarias". Este colegio de Ciudad Lineal ha dado un paso más al negar servicios básicos a quienes rechazan pagar, sin que la Consejería de Educación haya zanjado aún el problema.

Dos tercios de la mensualidad de 90 euros son para actividades extraescolares (taller de gimnasia, tutoría, lectura comprensiva), explican desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Estas actividades se hacen entre las 16.30 y las 17.00, fuera del horario escolar. El resto de la cuota (22,75 euros) corresponde al seguro escolar y a los servicios de gabinete psicopedagógico y médico.Unos 40 padres de alumnos del colegio de Nuestra Señora de la Merced, según el AMPA, presentaron un escrito a la dirección para pagar solo los 22,75 euros y renunciar a las clases extraescolares. No han tenido respuesta. Javier Baena, el padre de la niña que se torció el tobillo, dejó de pagar las cuotas voluntarias porque no le permitieron abonar solo una parte. Sus hijos se van media hora antes y han sufrido discriminaciones, tal como admite la Consejería de Educación.

Teresa Grimau estudió en ese centro y ahora tiene matriculado a su hijo de nueve años. Cuando se separó, su marido dejó de pagar las cuotas. Ella se enteró cuatro meses después. "Dije que no podía pagar porque estaba en paro, presenté un escrito para que me dejaran sacarlo a las 16.30 pero me daban largas", asegura. Al final del curso pasado, no quisieron entregarle las notas. "Me dijeron que no me las iban a dar porque no pagaba, al niño le entró un ataque de ansiedad", concluye.

También tomaron represalias contra Marisa Pérez, presidenta del AMPA. El pasado junio, el propietario del centro irrumpió en la reunión del consejo escolar y la insultó. Amenazó con denunciar ante la Fiscalía de Menores que su hijo se desplazaba a diario desde Rivas hasta La Elipa. Tanto ella como el comité de empresa (en el centro trabajan 70 profesores) denunciaron este episodio.

A Pérez le indignó la respuesta de la Consejería de Educación, a la que pidió intervenir. No lo hizo. Esta madre cree que se trata de "una dejación de funciones". También lo ve así el diputado Fausto Fernández (IU) que llevó el caso a la Asamblea. "¿Por qué no derivar a los servicios jurídicos de Educación las amenazas a madres?", cuestiona Fernández, que reclama a la Consejería que controle las cuotas.

IU pidió una comparecencia para tratar el caso de este centro en la Asamblea. Días después, la Consejería de Educación decidió crear una comisión de conciliación para mediar y decidir, si no hay otra solución, qué sanción imponer al centro. Las opciones van desde una multa hasta la revocación del concierto, es decir, el cierre o cambio de titular del centro, según explica el Director General de Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería, Javier Restán.

Restán admitió en mayo ante la Asamblea que conocía todas las denuncias y posibles irregularidades del centro, un colegio "problemático", según su definición. El Director General es quien califica como "represalias" las actuaciones de la dirección del colegio.

"La administración ha hecho todo lo que puede", dice Restán, que explica que el centro les ha llevado en cuatro ocasiones ante el Contencioso Administrativo cuando han ido cerrando clases -cuatro aulas menos- y recortando la cuantía del concierto porque el colegio pierde alumnos. El próximo curso tendrá 377 vacantes, según IU.

Es la segunda vez que crean una comisión de conciliación para este centro, según Restán. En 2001 hubo un procedimiento similar también por problemas con el pago de cuotas, que quedó solucionado con un acuerdo y una corrección por parte del centro, según el Director General, que asegura que el colegio San José (que pertenece a la misma empresa) también tiene denuncias por irregularidades en los pagos de cuotas voluntarias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de junio de 2010