CiU pide ahora renovar la Sindicatura de Cuentas tras las elecciones

La renovación de la Sindicatura de Cuentas, el organismo que controla las finanzas de la Generalitat, lleva camino de eternizarse y emular lo que ocurre en el Tribunal Constitucional. Cuatro de los miembros de esta institución, entre ellos el presidente, Joan Colom, llevan cinco meses con el mandato caducado y no hay visos de que la situación vaya a desbloquearse. Ayer se vio claramente en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament, en la que Convergència i Unió pidió aplazar la renovación hasta después de las elecciones para que sea la nueva mayoría parlamentaria la que pueda influir sobre la composición del organismo.

La posición oficial de CiU hasta hace pocas semanas es que no se podía renovar la institución mientras el Parlament estuviera tramitando la nueva ley de la sindicatura. Finalmente, ésta se aprobó la semana pasada. El tripartito puso ayer el asunto de la renovación otra vez encima de la mesa y el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, sacó a la luz un nuevo argumento. "No tiene sentido proceder a la renovación cuando faltan tan pocos meses para las elecciones, es mejor acompasar esta renovación con el calendario electoral dijo".

Esta reacción indignó a la mayoría parlamentaria del tripartito, que requiere de los votos de CiU o PP para sumar las tres quintas partes del Parlament que requiere la renovación. "Se supone que la Sindicatura es un organismo independiente y CiU lo que hace es vincularla a los intereses partidistas", dijo Dolors Camats, portavoz de Iniciativa-Esquerra Unida. La reacción del PSC fue poner un calendario diferente para nombrar a los nuevos miembros antes de finales de junio.

El temor del tripartito es que la voluntad real de CiU sea elegir una Sindicatura afín a sus intereses si Artur Mas consigue una holgada victoria en otoño. Además, entre los miembros que renovar está uno de los que propuso CiU, Ernest Sena, quien comparecerá la semana que viene en el Parlament para dar explicaciones del crédito que, como responsable del Instituto Catalán de Finanzas concedió en 2003 a una empresa que presuntamente acabó financiando irregularmente a Unió Democràtica.