Un técnico del PP de Castellón avaló sobrecostes a firmas ligadas a Gürtel

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el vicealcalde, Javier Moliner, alegaron en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Gürtel abierta en el Ayuntamiento que ellos se limitaron a firmar los informes facilitados por los técnicos municipales y que, únicamente, los avalaron con su rúbrica como responsables políticos. La comisión, que hoy debate sus conclusiones, investiga la relación del consistorio con Lubasa, Piaf y Facsa, tres de las cinco empresas que, según los informes policiales del caso Gürtel, están vinculadas con la presunta financiación ilegal del PP.

Las tres son adjudicatarias de distintos servicios municipales. Sin embargo, al margen de estos, las empresas han emitido, entre 2003 y 2009, facturas por otros trabajos encargados, a dedo, al margen de los contratos. La mayoría de las facturas correspondientes a este tipo de trabajos, realizados sin consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado, cuenta con el visto bueno del jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón, elegida en el congreso de 2008, en la que ocupa el cargo de secretario ejecutivo de Infraestructuras. El técnico también fue secretario general del PP de L'Alcora, donde ahora mantiene el puesto de secretario ejecutivo de Empleo.

La comisión de investigación debate hoy sus conclusiones

Así, Badenes y Moliner comparten reuniones en el órgano de dirección del PP provincial de Castellón desde diciembre de 2008, fecha en la que el vicealcalde de Castellón fue nombrado adjunto a la presidencia del partido en la provincia. Sin embargo, su relación es anterior ya que Badenes fue uno de los ingenieros industriales que realizó las prácticas en la empresa de Javier Moliner en 2004, cuando este ya era concejal del Ayuntamiento de Castellón.

Cristóbal Badenes entró en el Ayuntamiento de Castellón, como funcionario y por oposición, en 2007. Desde ese momento, pasó a firmar la mayoría de las facturas emitidas sin contrato reglado de dos de las empresas a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP, Piaf y Lubasa. En el caso de las facturas de Facsa, su intervención es mínima.

El Ayuntamiento de Castellón adjudicó a dedo a las tres empresas, a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP valenciano, servicios por un valor de más de 26 millones de euros, tal como se desprende de las facturas emitidas entre 2003 y 2009. Piaf, Lubasa y Facsa tienen contratos suscritos con el consistorio como concesionarias para la realización de servicios que salieron a concurso de forma reglada. Sin embargo, las tres empresas han emitido infinidad de facturas, sobre todo en el caso de Lubasa y Piaf, por trabajos realizados sin consignación presupuestaria, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.

El informe policial realizado tras el análisis de la contabilidad de las empresas del caso Gürtel indica que una de las empresas de Francisco Correa, Orange Market, facturó a las tres mercantiles. Piaf, por ejemplo, aparece como una de las empresas a las que supuestamente se cobró por trabajos realizados al PP. En el caso de Facsa, Orange Market le facturó por trabajos que estaban contabilizados como cargos al PP.

El caso más voluminoso es el de Piaf. La empresa es actualmente adjudicataria del mantenimiento de los edificios públicos y colegios de la capital de La Plana, ya que resultó elegida tras un concurso en enero de 2007. Antes, la mercantil logró también el contrato, por cuatro años, en 1994 y el de 1999, que fue prorrogado hasta 2006. Este se firmó por 1,2 millones de euros, pero, al menos a partir de 2003, Piaf facturó alrededor de un millón más al año por trabajos realizados, también en edificios públicos, al margen del contrato. En 2007 se sacó a concurso de nuevo el servicio y, tras la experiencia del sobrecoste de estos trabajos, el Ayuntamiento no sólo no incrementó la cantidad presupuestada para tal fin, sino que la rebajó en, aproximadamente, 100.000 euros.

La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón ha destapado que, entre 2003 y 2009, Piaf facturó alrededor 19 millones de euros al margen de su contrato. En el caso de Lubasa, la facturación por trabajos realizados a dedo asciende, aproximadamente, a un millón de euros por año.

Las facturas emitidas al margen de contratos están incluidas en la ley bajo la figura del reconocimiento extrajudicial de deuda, aunque este se reserva a casos excepcionales y urgentes. La norma entiende que si se acredita la realización del trabajo facturado, la Administración debe proceder a su pago para evitar el enriquecimiento injusto de las arcas públicas. Para la aprobación del pago es necesario su paso por el servicio de Intervención. En el caso de las facturas presentadas ante el Ayuntamiento, todas ellas cuentan con el informe negativo de este servicio, ya que las obras o servicios carecen de contrato. En cualquier caso, se procede a su pago si cuentan con la firma de un técnico y la del concejal que, como responsable político, avala el pago.

Desde 2008, las facturas presentadas por Piaf están firmadas por el jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón. El montante total de las facturas de Piaf que cuentan con el visto bueno de este técnico es de más de 11 millones de euros. En el caso de Lubasa, entre 2008 y 2009, la empresa facturó, al margen de cualquier tipo de contrato, 3 millones de euros al Ayuntamiento de Castellón.

La comisión de investigación del Ayuntamiento debatirá hoy sus conclusiones, tras seis meses de análisis de facturas. La intención es concluir con un dictamen que será debatido en el próximo pleno municipal, la semana que viene.

En el transcurso de la comisión los responsables de las tres empresas fueron preguntados si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucción para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer. Los tres contestaron negativamente a las tres cuestiones.