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La esposa de Fabra se niega a declarar por sus ingresos millonarios

El fiscal considera que el caso está listo para calificar

María Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia, hoy, ante el titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón). Fernández iba a ser interrogada sobre los ingresos millonarios detectados en las cuentas del matrimonio y sobre los cuatro presuntos delitos fiscales que se le atribuyen en el informe pericial encargado por el juzgado, que investiga a Fabra ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. En los apenas 10 minutos que permaneció en el interior del juzgado, María Amparo Fernández únicamente contestó a las preguntas de su letrado.

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A juicio del fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, el caso está ya para calificar, tal como dijo a la salida del juzgado, tras considerar que el periodo de instrucción ha finalizado. Así, Pastor descarta, a la vista de que Fabra ya se negó en una ocasión a declarar por estos hechos y dada la respuesta de su esposa, que el presidente de la Diputación sea de nuevo citado, tras el aplazamiento de la comparecencia de hoy debido a que está aún convaleciente de un trasplante de hígado. El fiscal apuntó que antes del verano el juez podría determinar si hay indicios suficientes para que Fabra se siente en el banquillo o, por el contrario, archivar el caso.

Los peritos encargados de investigar el incremento patrimonial del presidente de la Diputación de Castellón han detectado un total de nueve presuntos delitos fiscales en las cuentas de Carlos Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004. Según el informe, Hacienda dejó de ingresar 1,7 millones de euros que, entre ambos, deberían haber abonado a las arcas públicas por el IRPF. Los peritos han analizado los más de ocho millones de euros ingresados en las cuentas de los Fabra y sostienen que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones de euros.

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón.
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón.ÁNGEL SÁNCHEZ

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