Una ley valiente y cautelosa

En un contexto poco dado a las buenas noticias, resulta bienvenido el arranque del proceso que debe conducir a la aprobación de la ley orgánica sobre los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, debe interpretarse como la culminación legislativa de un largo proceso que comenzó en tiempos de Gutiérrez Mellado -del que forman parte la plena profesionalización, la ley de defensa nacional, la de la carrera militar y las reales ordenanzas-, tratando de transformar lo que entonces era un evidente poder fáctico en un instrumento fiel de la autoridad civil en una España democrática. Desde aquella época, la institución ha realizado una transformación que otras aún tienen pendiente a día de hoy.

Aunque de manera explícita ya estaba recogida en el programa electoral del partido del Gobierno desde 2004, tanto la delicadeza de algunos de sus contenidos como la falta de consenso político han ido retrasando su tramitación. Por eso mismo el impulso que ahora recibe -con un consenso inicial entre los dos grandes partidos- debe entenderse como un gesto de valentía política en tiempos revueltos. El proyecto es, sin sorpresa alguna, tan moderado en sus formas como lleno de cautelas en su contenido. Y esto es así porque, con la pretensión genérica de regular determinados derechos, establece por primera vez en la historia el de asociación profesional de los militares. En este terreno, efectivamente, todas las precauciones son pocas, teniendo en cuenta la especial condición de quienes son el brazo armado del Estado.

Es por eso por lo que el anteproyecto que se acaba de dar a conocer ha procurado delimitar con la mayor precisión posible las fronteras que no deben traspasar ni las asociaciones, ni el Consejo de Personal ni el Observatorio de la Vida Militar. Así, en su intento lógico por quedarse un paso por detrás de lo reconocido al conjunto de los españoles, cada derecho aparece circunvalado por un deber. En el texto queda claro que ni los militares pueden sindicarse -una línea roja que conviene no cruzar-, ni las asociaciones, Consejo y Observatorio pueden inmiscuirse en la política de seguridad y defensa, en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares o en el empleo de la fuerza. Su labor se ciñe exclusivamente a la política de personal, con idea de presentar propuestas, solicitudes y sugerencias, en un plano de asesoramiento (pero nunca de decisión o aprobación).

Queda por ver, además de las vicisitudes parlamentarias que pueda sufrir la ley ante el previsible enrarecimiento del clima político, cómo reaccionarán los propios militares (que seguirán teniendo abiertos los canales regulares para presentar individualmente sus quejas), sus delegados (que deberán acreditar anualmente su representatividad y ser capaces de desarrollar una agenda inédita en los cuarteles) y el propio Observatorio (órgano asesor y consultivo cuya credibilidad dependerá, en gran medida, de la personalidad de sus siete miembros, elegidos por el Congreso de Diputados). Ésta será, si llega a buen puerto en la próxima primavera, la ley de referencia de esta legislatura en el terreno de la defensa. Ojalá.

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).