Una declaración jurada sustituirá a las urnas en el Ejército

¿Cómo se puede verificar la representatividad de una asociación de militares sin celebrar elecciones en las Fuerzas Armadas, como sucede en la Guardia Civil? Y más aún ¿cómo comprobar cuántos afiliados tiene una asociación sin vulnerar el derecho de los mismos a la intimidad? El anteproyecto de ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que el Gobierno decidió ayer remitir al Consejo de Estado, intenta sortear ambos obstáculos recurriendo a un valor de indudable raigambre castrense: el honor de la palabra dada. Es decir, el Ministerio de Defensa se fiará de la cifra de afiliados que declare cada asociación.

En términos jurídicos, eso se traduce en que el 31 de diciembre de cada año las asociaciones militares presentarán una "declaración responsable" -según lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas- en la que harán constar, por categorías, cuántos militares, en activo o en la reserva, tienen afiliados. Eso sí, "la inexactitud, falsedad u omisión" de datos esenciales dará lugar a la pérdida de todos los derechos, "sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar".

La falsedad en la cifra de asociados supondrá perder todos los derechos

El número de afiliados no es un dato baladí, pues para sentarse en el Consejo de Personal, el nuevo órgano que servirá de foro de encuentro entre el Ministerio de Defensa y las asociaciones para debatir asuntos relacionados con el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas, las asociaciones deberán certificar que tienen en sus filas al 1% de todos los militares (más de 1.400), al 3% de los oficiales o suboficiales (entre 600 y 900) o al 1,5% de la tropa (unos 1.300). Eso sí, el Consejo de Ministros podrá reducir estos porcentajes.

La apelación a la "comunicación responsable", como fórmula para determinar la representatividad de las asociaciones, es la principal novedad introducida a última hora en el anteproyecto de ley que regula por vez primera el derecho de los militares a asociarse para la defensa de sus intereses profesionales.

La laxitud del procedimiento que servirá para acreditar la afiliación se corresponde, no obstante, con la vaguedad de los derechos reconocidos a los representantes de las asociaciones. El texto les garantiza que serán protegidos frente a "discriminaciones en su promoción profesional" y que podrán "asistir a las reuniones del Consejo de Personal" del que forman parte. Nada se dice del disfrute de horas libres para dedicarse a la actividad asociativa o del libre acceso a las instalaciones militares. Sí podrán convocar reuniones, pero éstas se celebrarán "preferentemente en las Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa", fuera del horario de trabajo y sin afectar al funcionamiento de las unidades. Las reuniones dentro de los cuarteles deberán ser "previa y expresamente autorizadas por su jefe".

No está previsto que el Consejo de Personal emita dictámenes ni informes, por lo que sus actas sólo reflejarán las posiciones expuestas por los representantes de las asociaciones y de la Administración. Tampoco se dice expresamente que Defensa deba someter al Consejo, con carácter previo, aquellas normas que afecten a temas de su competencia. Se configura así un modelo de "interlocución" con las asociaciones, más que de representación o participación, muy alejado del vigente en la Guardia Civil, que se ha querido evitar a toda costa evitar.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) calificó ayer de "positivo" el anteproyecto, pero advirtió de que éste debe ser "enriquecido y mejorado". La ministra de Defensa, Carme Chacón, insistió en que la consecución de un "amplio consenso" -especialmente con el PP, que en principio ha dado su visto bueno- es un "requisito indispensable" para que el proyecto salga adelante.