El capitán se juega su credibilidad
En La Moncloa se lleva jugando desde hace semanas un partido muy complicado. El presidente del Gobierno es muy consciente, no debía ser de otra manera, de que está en cuestión su credibilidad como "capitán del barco" y, lo que es aún más grave, la de España como país con crédito de futuro. Lo sabe, lo asume y cree que tiene un plan para desencallar la situación. Acepta que se equivocó al no pronosticar bien el tamaño "opinable" de nuestra crisis y se empeña, se sigue empeñando, en la gesta de insuflar algún gramo de optimismo en estos tiempos borrascosos. Se niega a precipitarse al abismo de la depresión. Pese al aviso brutal de Grecia y el baldón histórico del paro, José Luis Rodríguez Zapatero no se ve al mando del Titanic. Ayer estaba preocupado y no lo ocultó.
La decisión de acelerar el plan de austeridad fue tomada en la reunión de 'maitines' del lunes
"Hay unanimidad en el Consejo de Ministros. Todos tenemos la sensación de que por fin, de que ya, de que es el momento, ahora, con tiempo por delante para consolidar la recuperación, cuando se ha iniciado la senda del crecimiento económico, que era la obsesión del presidente, de poner en marcha las medidas drásticas de replanteamiento del Estado del Bienestar, de redistribución equitativa, porque hay tiempo de sobra para remontar y porque la gente lo va a entender". La frase es de ayer por la tarde, de un miembro del Gabinete muy próximo a Zapatero y muy aliviado. Varios ministros increpaban a los interlocutores periodistas: "¿Pero no era esto lo que veníais pidiendo vosotros desde hace meses? Pues ahora no lo podéis criticar".
La decisión de anticipar y acelerar el Plan Zapatero de Austeridad se tomó en maitines este pasado lunes, tras un espinoso fin de semana europeo para el presidente, pero los ministros ya le habían dado carta blanca en la reunión anterior del viernes. Sin saber lo que iba a pasar en Bruselas. Sin conocer cuánto les podía afectar el recorte. Sin discusiones. Por unanimidad. Con un solo pero. El que puso en el Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, para defender la situación de los funcionarios públicos. De la Vega es contraria a la congelación y a cualquier recorte de un sector que ha hecho muy suyo desde que se quedó con esa competencia en la última remodelación del Gobierno, hace un año, cuando arrebató esa responsabilidad al Ministerio de Administraciones Públicas.
Pero ese debate no significa desunión. Al menos públicamente. Todos los ministros y el propio presidente han asumido finalmente que "invertir en austeridad es invertir en futuro" y no sólo económicamente. También políticamente.
Cuando tiene oportunidad y tiempo, el presidente del Gobierno construye todo un discurso para transmitir seguridad. Propia y sobre el camino que le queda a España en este vía crucis.
Sobre la crisis griega, el presidente ha estado muy atento a la evolución de los mínimos detalles que ha acordado la Unión Europea, para la que demanda otro acelerón en su proceso de unificación económica, dentro de la estrategia del G-20. Y sostiene que esta experiencia común, en algún punto hasta traumática, puede ser determinante para reforzar la UE.
A las muchas diferencias que nos distancian con Grecia, el presidente destaca nuestro nivel de deuda, hasta 20 puntos por debajo de muchos países europeos. Pero sí, ha tomado nota. Y está alerta. Sabe que desde Alemania, los mercados y los influyentes medios anglosajones se escruta con lupa a España. Y entiende que "nos la jugamos con las previsiones que hemos presentado" y en las que hemos detallado cómo pensamos reducir nuestro déficit, nuestro gasto público, cómo pensamos congelar el empleo en las administraciones estatales y también autonómicas y municipales. Sus optimistas previsiones de crecimiento en España para lo que queda de año y los próximos ejercicios son vitales, pero muy cuestionadas desde diversos organismos e instituciones. Se basan en un consumo que no acaba de despegar. El presidente ve ahí el meollo de esta encrucijada: Credibilidad. Suya y de España.
Y, por tanto, cree él, no tiene sentido ahora hablar de otros temas menores, morbosos para los periodistas y tertulianos, pero irrelevantes. Por ejemplo, su candidatura en las próximas elecciones. O aún menos de una hipotética crisis de gobierno. ¿Cuál es la relación causa-efecto? Pues que se ha hablado crudamente con todos los ministros sobre la obligación de recortar cargos y gastos y lo han entendido. Y están en ello. Y comprende que tras ese esfuerzo no puede recompensarles con una poda política. Y, además, ¿para qué? Para refrescar. Puede ser. En cualquier caso, no la tiene prevista ni la quiere hacer hasta que la haga.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- SE Cooperación Internacional
- Beneficiarios prestaciones
- Plenos parlamentarios
- Imserso
- José Luis Rodríguez Zapatero
- Ministerio de Exteriores
- IX Legislatura España
- Salarios políticos
- Opinión
- Política nacional
- Sistema Nacional Dependencia
- Congreso Diputados
- Presidencia Gobierno
- Funcionarios
- Servicios sociales
- Tercera edad
- Función pública
- Secretarías de Estado
- PSOE
- Salarios
- Política social
- Ministerios
- Pensiones
- Legislaturas políticas
- Política económica