El acceso a la jubilación parcial se endurece

La jubilación parcial se endurecerá en el momento en que entre en vigor el conjunto de medidas que anunció ayer el presidente para contener el déficit. Esa fórmula, que disfrutan unas 30.000 personas, con una pensión media de 21.000 euros al año, se reguló de forma más estricta en 2008 ante el coste que supone al sistema permitir a un trabajador jubilarse parcialmente (y pagarle parte de la pensión) entre los 60 y los 65 años para abonarle la prestación íntegra a partir de entonces. La reforma de 2008 fijó un periodo transitorio para que el endurecimiento fuera progresivo. Tras los anuncios de ayer, los cambios entrarán en vigor inmediatamente.

Hasta 2008, cualquier persona que hubiera cumplido 60 años y que acreditara una antigüedad mínima en una empresa podía acogerse a la jubilación parcial a cambio de que la empresa contratara a un relevista. La principal ventaja de ese régimen consiste en que el pensionista no ve mermada su prestación, como sí ocurre en la jubilación anticipada. Esas condiciones extendieron mucho su uso, con el consiguiente gasto para el sistema público.

En 2008 se fijaron varios requisitos: una edad mínima de 61 años para acogerse a esta figura, una antigüedad de seis años en la empresa y un periodo de cotización de al menos 30 años. Pero los cambios no entraron en vigor de inmediato, sino que esos topes se alcanzarían en 2013. Con la entrada en vigor del decreto, los 61 años y el resto de medidas se aplicarán inmediatamente.

15 años de cotización

También se elimina el periodo transitorio aplicable al mínimo de años que es necesario cotizar para acceder a una pensión. En 2008, la ley pasó de exigir 12,5 años efectivos a 15, un tránsito que también debía culminar en 2013. En cuanto se apruebe el decreto, los pensionistas tendrán que acreditar 15 años reales cotizados para acceder a una pensión contributiva.

Con la eliminación de estos dos regímenes transitorios, la Seguridad Social confía en ahorrar unos 500 millones de euros anuales. Hay que tener en cuenta que ese dinero no supone reducción del déficit en la Administración central, pues las cuentas de la Seguridad Social van por separado y aún registran superávit. La medida perseguiría, por tanto, retrasar al máximo el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, que contrarrestan el saldo negativo de todas las administraciones públicas.