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Cataluña convoca a las comunidades a debatir el bloqueo del Constitucional

Montilla plantea al Senado que la renovación es un asunto autonómico

Pablo Ximénez de Sandoval

La Generalitat de Cataluña pidió ayer formalmente al Senado que convoque una sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir sobre la situación de bloqueo en la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. A esta comisión pueden acudir todos los Gobiernos autónomos y el Gobierno central. El presidente José Montilla plantea de esta forma un debate multitudinario, al máximo nivel posible, sobre la anómala situación de interinidad de cuatro magistrados del alto tribunal. Lo hará en catalán y precisamente en la Cámara responsable del retraso en la renovación desde 2007.

La argumentación del Gobierno de Cataluña que acompaña la carta de Montilla al Senado, tramitada ayer, supone un punto de partida para el debate muy novedoso. Expone que los candidatos a ingresar en el Constitucional fueron propuestos por los Parlamentos autónomos; por tanto, la Generalitat considera que este proceso "afecta de manera directa a los intereses autonómicos". "La falta de designación de estos magistrados justifica que se convoque la Comisión, con el objeto de analizar y debatir el estado actual del procedimiento de designación".

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El estado actual es, concretamente, que el Senado debe convocar la Comisión de Nombramientos y elegir a cuatro de entre los 23 candidatos. Quien debe hacerlo es el presidente de la Cámara alta, el socialista Javier Rojo, que se niega a dar ningún paso si no están pactados previamente entre el PSOE y el PP los cuatro nombres. La Constitución exige que sean aprobados por tres quintos de la Cámara, lo que hace imprescindibles los votos de estos dos partidos. Pero no dice nada de que no se haga si no hay acuerdo. Por eso ERC reclamó ayer públicamente que se reinicie el procedimiento.

Detrás del bloqueo, promovido por el PP, subyace la cuestión de que la renovación de estos magistrados cambiaría la mayoría en el Constitucional a favor de los progresistas.

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El debate que quiere Montilla no se producirá antes de tres semanas. El presidente de la Comisión de Comunidades Autónomas, el socialista Joan Lerma, tramitará el asunto la semana que viene. A partir de ahí, Montilla puede proponer su fecha y hay que contar con unas dos semanas de cortesía para cursar invitación a todos los presidentes autonómicos y al Gobierno.

El PP aprovechó ayer para recordar que hay 21 reuniones pendientes de esta comisión, y su portavoz en la misma, Manuel Blasco, consideró "indignante" que la de Montilla pudiera tramitarse con más celeridad. Hay tres pendientes a petición de Gobiernos autónomos (Murcia, La Rioja y Ceuta). La diferencia es que todas ellas piden comparecencias de ministros (o del Gobierno en pleno), por lo que dependen de la agenda del Ejecutivo. Montilla no pide que comparezca nadie del Gobierno, que sólo será un invitado más al debate.

Mientras, los senadores de la Entesa Catalana (PSC, ERC e ICV) esperan a la reunión de Montilla con CiU para coordinar una propuesta conjunta de reforma de la Ley Orgánica del Constitucional. El objetivo es aprobar un mecanismo por el que los magistrados no puedan permanecer en su puesto una vez cumplido su mandato.

José Montilla, en el pleno del Parlamento de Cataluña.
José Montilla, en el pleno del Parlamento de Cataluña.TEJEDERAS

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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