Inversión o ceguera

Los servicios sociales impulsados por la Ley de Dependencia, nadie lo puede negar, ofrecen grandes oportunidades para generar empleo estable que pueda contribuir al desarrollo económico y social del país. Más de medio millón de personas y sus familias son ya beneficiarios que en algo han mejorado su calidad de vida, aunque, eso sí, otro cuarto de millón espera (y desespera) para ser atendido.

La cicatería y la estrechez de miras con las que se ha puesto en marcha la atención a la dependencia han provocado que se hayan roto las felices previsiones de creación de 300.000 puestos de trabajo netos con unos retornos económicos de más de 2.000 millones de euros para 2010.

Las cifras oficiales (EPA) indican que se habrían creado hasta ahora 91.000 empleos, si bien todos sabemos que en muchos casos se trataría de puestos de trabajo que ya estaban creados. Incluso algunas empresas del sector alertan sobre la posible destrucción de empleo.

Ejemplo de esta cicatería lo tenemos en aquellas comunidades en las que el volumen de gestión presenta datos ridículos, por debajo del 0,70% de personas atendidas por población (Canarias, Madrid, Valencia, Baleares) o en las que se ha optado por la aplicación mayoritaria de la prestación económica del cuidador familiar; como Murcia (más del 80% sobre el total de prestaciones), que no contribuye a que los retornos del sistema sean los deseados.

Más de la mitad de las personas en situación de dependencia que reciben una prestación o servicio han optado por la excepcional prestación económica para la atención en el entorno familiar que es ofrecida por cuidadores no profesionales; esto se nos ha ido de las manos. Supone un gasto improductivo y además cabe la sospecha de que esta paguita de la dependencia esté generando bolsas de empleo sumergido a través de contratación de personas que desarrollan servicios domésticos en condiciones precarias y sin contrato.

Es preciso invertir los porcentajes de prestaciones económicas (dos de cada tres) sobre el total de personas atendidas, y potenciar la red de centros y servicios que genere empleo estable y garantice atenciones de calidad a las personas dependientes.

Pero la falta de valentía para impulsar servicios generadores de empleo por parte de las administraciones es patente. Bien es cierto que los retornos económicos que se generarían van destinados en primera instancia a las arcas estatales (cotizaciones, reducción de prestaciones por desempleo, IRPF, etcétera) por lo que los entes autonómicos (protagonistas de la gestión) no se ven directamente recompensados con esta inversión en creación de servicios y, haciendo gala de una estrecha o nula visión de Estado, se quitan el problema de encima con una escueta paguita que no supone inversión productiva alguna.

Urge poner en marcha medidas fiscales y económicas para el fomento de las iniciativas empresariales vinculadas a los cuidados personales. Ya se está tardando en impulsar desde las Administraciones la creación de servicios de responsabilidad pública que fortalezcan el músculo productivo de las empresas del sector de los cuidados personales, así como fomentar las empresas de inserción, que aportan un valor añadido importantísimo por su vocación integradora y su cálida visión. En definitiva, la atención a la dependencia no sólo consolida a los servicios sociales como IV Pilar del Bienestar Social, sino que también debe ser considerada como un sector estratégico prioritario frente a la crisis, un generador de empleo más estable y sostenible que las "burbujas" especulativas que nos han traído a la actual situación. La trágica paradoja es que algunos -ciegos- clamen por el recorte del gasto en esta materia.

José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.