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Reportaje:4. ASUNTOS SOCIALES | LOS PROBLEMAS DE LOS EMPRESARIOS

Los cuidados en casa frenan el empleo

La Ley de Dependencia no ha dinamizado la economía como estaba previsto

Especial: la sostenibilidad del Estado de bienestar: Opina de la Ley de Dependencia Un 57% de las ayudas concedidas a los dependientes es una paga para que les cuide en casa un familiar, algo que tradicionalmente han hecho las mujeres. Esta ayuda, considerada excepcional, está robando terreno a los cuidados profesionales que proporcionan en los geriátricos. El sector no acaba de despegar

Con el correr de los años, los viajes del Imserso para personas mayores que comenzaron en los ochenta han demostrado que los servicios sociales no sólo proporcionan calidad de vida, sino que pueden servir para dinamizar la economía. Ahora le toca a la Ley de Dependencia.

En plena crisis, cuando el empleo se ha desplomado, el sector de los servicios sociales ha generado entre 80.000 y 90.000 puestos de trabajo. La Encuesta de Población Activa (EPA) recoge exactamente 91.400 entre el primer trimestre de 2008 y el último de 2009, un crecimiento de un 26,7% en ese periodo, un total de 433.400 empleos; y las altas en la Seguridad Social lo cifran en 83.625, sin incluir las altas obligatorias de aquellos familiares que reciben una paga por cuidar en casa a un anciano, que no generan empleo propiamente dicho.

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Pero las expectativas eran mayores. El diagnóstico previo a la redacción de la ley preveía la creación en 2010 de 262.000 empleos directos y 190.000 inducidos, y que más de 100.000 personas, inmigrantes, sobre todo, sacarían a la luz estos trabajos sumergidos.

Lo que ha ocurrido es que el 57% del total de ayudas concedidas es una paga para el familiar que cuida al anciano en casa, mientras que apenas se han concedido nuevas plazas de residencia, por ejemplo. Eso hubiera tirado del empleo: gerocultores, enfermeras, limpiadores, cocineros.

De todo ello se esperaba un retorno fiscal de 2.000 millones.

No ha sido así y esa es la queja principal de los empresarios, que aún esperan que se ocupen las más de 42.000 plazas vacías que tienen en los geriátricos, aunque estas no siempre cumplen los requisitos exigidos ni están ubicadas donde hay demanda, o son muy lujosas y caras para que su uso sea subvencionado con dinero público.

Pero hay margen de maniobra. El Gobierno acaba de bajar el IVA para los servicios sociales del 7% al 4%. Esta rebaja sólo afecta a la Administración cuando compra plazas a la empresa privada para uso público. Por tanto, es un alivio para las comunidades autónomas que, según el Gobierno, ahorrarán 77 millones de euros, los mismos que dejará de ingresar Hacienda. La Fundación Edad & Vida, el gran lobby del sector, calcula, sin embargo, que la Administración ahorrará 204 millones y esperan que se traduzcan en inversiones para la Ley de Dependencia. Aunque pueden acabar financiado una televisión local.

Pero ese ahorro en el IVA no afecta al ciudadano que quiere entrar en un geriátrico de manera privada, sin ayudas públicas. Y eso es exactamente lo que quieren los empresarios. Los usuarios ahorrarían, dicen, 116 millones de euros. Habría que repercutirles la bajada del IVA en el precio y eso tampoco es seguro que ocurra. Las plazas que sufraga íntegramente el usuario son la principal fuente de ingreso de las residencias privadas, el 66,5% de la facturación, según un estudio de la empresa DBK.

A pesar de las plazas vacías en residencias, todavía hay muchos sitios donde hacen falta. Y aún se están definiendo los perfiles profesionales y la capacitación laboral. "El 95% de estos auxiliares son mujeres con un nivel de estudios muy básico y una media de edad de 40 a 45 años. No pueden pasar ahora muchas horas de formación para obtener su acreditación", dice José Alberto Echevarría, de la patronal FED.

Los sindicatos creen que una mejor capacitación les permitirá tener mejores condiciones laborales y salariales. Pero, sobre todo, reivindican un impulso para los servicios en lugar de las prestaciones económicas. Así lo opinan las responsables de servicios sociales en CC OO y UGT, Rosana Torres y Almudena Fontecha. Una de las formas de impulsar la concesión de servicios sería condicionar con ese criterio el dinero que se reparte. Se está negociando.

"Y es necesario también que las administraciones y las empresas vean fórmulas de colaboración público-privada para la creación de servicios de atención personal en las que la Administración mantega su papel de garante de los derechos y las empresas generen empleos", dice Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras, los empresarios esperan que las comunidades acuerden requisitos comunes que les permitan ahorrar en sus inversiones. "En cada comunidad nos piden camas diferentes, mesillas distintas, o protocolos de cuidados diversos", dice Echevarría. En Sanidad se han puesto de acuerdo para comprar productos sanitarios y medicamentos de forma unificada, y ahorrarán un 20% en la factura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de mayo de 2010