Chávez declara la guerra a los carniceros venezolanos

El Gobierno venezolano ordenó esta semana la detención de más de 40 carniceros a quienes se les acusa de vender con sobreprecio productos regulados por ley. Desde el lunes, militares y funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) han irrumpido en varios negocios del centro de Caracas y, blandiendo facturas como pruebas, han conducido a sus propietarios a un cuartel militar, donde han quedado detenidos. Ayer, 20 de ellos fueron acusados de especulación, delito que se castiga con prisión de dos a seis años, y obligados a pagar una multa de 13.000 bolívares (unos 2.200 euros).

Carmen Cabeza -maestra jubilada, dueña de la empresa frigorífica CarnExpress- contó al diario El Nacional que el miércoles un grupo armado tomó su negocio y la condujo en un convoy militar, junto a otros diez carniceros, hasta el destacamento 51 de la Guardia Nacional. "Me sentí intimidada. La verdad es que es imposible vender al precio de regulación", dijo Cabeza.

El precio de la carne está regulado desde 2003. El último ajuste, decretado en agosto de 2008, fijó el valor del producto en 17 bolívares por kilo (tres euros). Así ha seguido vigente hasta 2010, a pesar de la inflación galopante y de las quejas de productores y comerciantes. Según el Banco Central de Venezuela, el aumento del índice de precios ha sido del 30,9% en 2008; del 25,1% en 2009 y en el primer trimestre de 2010 acumula un 5,8%.

Venezuela tiene la tasa de inflación más alta de América Latina. También es el único país que seguirá en recesión este año, según el Fondo Monetario Internacional, y eso a pesar de la recuperación de los precios del petróleo.

Subidas de precios

Es justamente a los comerciantes a quienes Hugo Chávez responsabiliza del alza en el costo de la vida y de la escasez de algunos productos de primera necesidad, por lo que les ha declarado la guerra.

Los pequeños comerciantes detenidos vendían la carne a 30 bolívares por kilo (cinco euros), precio que supera hasta un 93% las tarifas oficiales. Ellos alegan que es imposible ofrecerla por menos porque la compran a los mayoristas por más de tres euros el kilo. Cerrar sus negocios tampoco es una opción para que los carniceros eviten la cárcel. "No pueden dejar de comprar carne porque incurrirían en el delito de boicoteo a la oferta de alimentos", dice el Gobierno.