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Una mayoría trata de fijar por ley que se pueda abortar en Navarra

El Parlamento foral tramita la norma que desactivaría el recurso al Constitucional

La oposición al Gobierno de Navarra hará valer previsiblemente su mayoría parlamentaria para aprobar en las próximas semanas una modificación de la ley foral de salud que garantice la práctica de abortos en la comunidad, hasta la fecha financiados pero derivados a otras regiones cercanas. La proposición de ley, admitida ayer a trámite por el Parlamento autónomo, fue presentada la semana pasada por el Partido Socialista de Navarra (PSN) tras conocerse la intención del Gobierno de UPN de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto, que establece el aborto libre hasta la semana 14 y bajo supuestos hasta la 22. Tanto Nafarroa Bai como IU ya han anunciado el apoyo a la iniciativa socialista, que se debatirá directamente en el pleno dada su actualidad.

La Comunidad se limita a financiar las intervenciones en otras autonomías

El PSN pretende así dinamitar los argumentos del Gobierno de Miguel Sanz, para quien la nueva ley estatal supone un contrafuero al regular la organización y funcionamiento de los servicios sanitarios en Navarra. El texto, que entrará en vigor el 3 de julio, concreta en su disposición final quinta la garantía de practicar abortos en la comunidad de residencia de la mujer embarazada.

De aplicarse esta resolución, Navarra debería ofrecer este servicio y no derivar, como hasta ahora, a las embarazadas a otras comunidades. Actualmente, el Ejecutivo alude a la objeción de conciencia de los médicos navarros para no practicar abortos ni en la red pública ni en la privada y se limita a correr con los gastos de los desplazamientos a centros de otras ciudades. Según la consejera navarra, María Kutz, esta situación es legal al atenerse a la normativa vigente.

El PSN quiere dejar sin argumentos al Gobierno de Sanz, que basa su recurso en la invasión de competencias. Los socialistas buscan hacer uso de esa autonomía en la organización sanitaria, que recoge la Constitución y el Amejoramiento, para cambiar la ley foral y ajustarla a la nacional.

El objetivo final es "garantizar que las mujeres navarras tengan los mismos derechos que las demás españolas en las comunidades donde residen", explican desde el PSN. Ayer, el portavoz parlamentario de UPN, Carlos García Adanero, sostuvo que este es "un tema competencial y lo normal es que el Parlamento estuviera con el Gobierno en cuanto a no dejar que se pueda legislar en Madrid lo que corresponde a Navarra".

Desde que el lunes pasado se conoció la intención del Gobierno autónomo de interponer recurso, el aborto fue sin duda el gran protagonista de la semana política en Navarra. Un acuerdo que ahora debe contar con el visto bueno del Consejo de Navarra, al que el Ejecutivo ha solicitado un estudio jurídico. En su defensa, Miguel Sanz apela, además de a la invasión de competencias, a la "coherencia política e ideológica" de su partido: "Recurrimos al alto tribunal para defender nuestras ideas y el derecho del no nacido", recalca.

La iniciativa del Gobierno ha contado con el apoyo del PP, mientras que desde el CDN (hasta hace unos meses socio de Gobierno de UPN y con dos parlamentarios) afirman que la ley del aborto no les gusta, pero consideran "precipitado" el anuncio del Gobierno de recurrirla. "Nosotros hemos sido cautos, estamos a la espera del informe del Consejo de Navarra y si señala que hay razones para presentar un recurso de inconstitucionalidad CDN lo apoyará", afirmó su presidente, José Andrés Burguete.

En contra se han mostrado claramente Nafarroa Bai e IU, que junto con el PSN suman la mayoría del Parlamento foral (26 de los 50 votos). Ambos partidos pidieron además la dimisión de la consejera de Salud y la reprobación del Ejecutivo. Sin embargo, y a pesar de ser conscientes de que la modificación de la ley se aprobará en el Parlamento, IU lamenta que el Gobierno "tendrá instrumentos para no aplicarla". De hecho, así lo advirtió Miguel Sanz: "La capacidad de regulación y organización de los servicios sanitarios de Navarra la tiene atribuida su Gobierno, no el Parlamento", afirmó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de abril de 2010