Ginecólogos navarros aseguran que no todos los profesionales son objetores en la comunidad

En un carta firmada dicen que "no hay razones" para no realizar interrupciones en la sanidad pública

Once ginecólogos navarros, con nombres y apellidos, han hecho pública una carta en la que niegan que "todos" los profesionales navarros sean objetores y no estén dispuestos, como asegura el Gobierno de Navarra, a practicar abortos en la Comunidad Foral. Así, subrayan que "no existen razones" para que no se puedan organizar interrupciones voluntarias del embarazo de acuerdo con la ley y piden voluntad política y una "buena organización" para que se puedan practicar en la red pública, "respetando todas las sensibilidades" y garantizando "la privacidad e intimidad de las mujeres".

Este grupo de ginecólogos navarros se pregunta en la carta, recogida por Diario de Navarra y Diario de Noticias, si en realidad los objetores son los médicos o bien "algunos políticos que pretenden hacer desobediencia civil escudándose en nosotros". En este sentido, recalcan que los políticos aluden a la objeción de conciencia colectiva, "que no es cierta", para "esconder que son ellos los que están negando la posibilidad de que las mujeres pueden ejercer el derecho".

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En la carta, que se hace pública en medio de la polémica suscitada en Navarra a raíz de conocerse la intención del Gobierno de interponer un recurso de inconstitucional a la nueva ley estatal, los ginecólogos recuerdan que entre 1986 y 1987 se practicaron 10 abortos legales en Navarra, pero que dejaron de hacerse en seguida "por múltiples motivos", entre ellos "el acoso profesional y personal dentro y fuera del Hospital Virgen del Camino a los profesionales que simplemente se atrevieron a cumplir la ley". En 1990 tres médicos de este hospital público se sentaron en el banquillo de los acusados por un caso de un aborto practicado en 1986. La acusación particular, ejercida por Acción Familiar, pedía pena de cárcel, pero finalmente fueron absueltos, ya que el caso estaba incluido en uno de los supuestos legales por riesgo de malformaciones en el feto.

Desde entonces, la objeción de conciencia ha sido el principal argumento en el que se basa el Gobierno de Navarra para defender que en la comunidad no se practiquen abortos y se opte por derivarlos, bajo subvención, a otras ciudades. Sin embargo, los once ginecólogos señalan que en la sociedad navarra "muchas cosas han cambiado en estos 25 años, también entre los profesionales sanitarios". Reconocen que hay objetores pero también "un recambio generacional importante" y la situación, añaden, "ya no está tan crispada" y la normativa deontológica "ha cambiado".

Con todo, subrayan que la decisión final "está en el tejado de los políticos", por lo que exigen a la Administración foral "una buena organización de la prestación sanitaria que normalice de una vez la ejecución de este derecho". Por último, apelan también al "amparo institucional para evitar la persecución mediática de los profesionales no objetores y evitar así errores del pasado".

Tras conocerse el contenido de la carta, el Partido Socialista de Navarra ha mostrado en una rueda de prensa el apoyo de la formación a los ginecólogos y ha criticado al Gobierno por utilizar "la gran mentira" de la objeción de conciencia "para justificarse".

La consejera de Salud de Navarra, María Kutz, ha señalado, en declaraciones a RNE, que "el sentir objetor de los profesionales sanitarios en España hoy en día es algo que lo reflejan los datos del Ministerio de Sanidad". "Eso es lo que he dicho, lo que yo he mantenido, y eso no es ninguna falacia, es la realidad de Navarra y de España". Kutz ha añadido que "sólo el 2% de los abortos en España se hacen en el sistema público y el 98% en clínicas privadas" y que "comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como Extremadura o Castilla-La Mancha, no realizan abortos en la sanidad pública".

Preguntada sobre si está garantizada en Navarra la libertad para que los médicos puedan practicar abortos sin presiones, la consejera ha manifestado que "por supuesto que sí". "En este sentido no hay ningún problema, pero hay que respetar no sólo lo que opinan estos ginecólogos, sino también el resto de profesionales", ha destacado.

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