Tiempo de descuento

La economía española vive en tiempo de descuento. Hace sólo un año no se reconocía apenas la gravedad de la crisis y se pensaba que las reformas del sistema económico eran invocaciones de economistas y analistas obcecados. Así, por ejemplo, nuestras instituciones del mercado laboral y el futuro de las pensiones gozaban de buena salud. No se debía tocar lo que funcionaba. El Gobierno prometía que nadie quedaría desamparado por la crisis, el Estado protegería a los afectados y se extenderían los beneficios sociales hasta donde hiciera falta. En este ambiente de confianza se subió sustancialmente el sueldo de los funcionarios en 2009. De hecho, España ha sido el país de la Unión Europea que en 2008 y 2009 ha realizado un esfuerzo de gasto más importante en relación a su producto interior bruto (PIB) mediante el Plan E, las ayudas sectoriales, el gasto social y la deducción de los 400 euros en el impuesto de la renta. Este incremento del gasto ha aumentado el déficit público hasta más del 11% del PIB en 2009 y la deuda a más del 55%.

El Gobierno debe reconocer la gravedad de la crisis y ser audaz en el planteamiento de las reformas

Al final del año pasado llegó un aviso de los mercados internacionales sobre la sostenibilidad de la deuda pública y el Gobierno introdujo un plan de consolidación fiscal para llegar al 3% de déficit en 2013 con un ajuste previsto de seis puntos del PIB. Al mismo tiempo, se amaga, y se da marcha atrás, con la reforma del sistema de pensiones para hacerlo viable a largo plazo. Con la Ley de Economía Sostenible se introducen medidas parciales acertadas (por ejemplo, la reducción de los incentivos a la compra de vivienda) pero no hay medidas de calado. Los acuerdos de Zurbano plantean más medidas parciales que, junto con el plan extraordinario de infraestructuras, configuran de facto un apoyo sustancial al sector de la construcción. En efecto, se plantea un impulso a la rehabilitación de la vivienda, la ampliación del apoyo a promotores para vivienda de protección oficial de venta, y la prórroga de los criterios de valoración del suelo urbanizable. Más recientemente se ha abierto el tema "intocable" de la reforma del mercado de trabajo con la propuesta de extensión del contrato de fomento del empleo y el modelo austriaco.

Hemos pasado de no reconocer la gravedad de la crisis y pensar que las reformas del sistema económico eran invocaciones inútiles a reconocerla, plantear medidas parciales, sesgadas hacia el sector de la construcción, y emprender con muchos titubeos un debate sobre las reformas necesarias. Bienvenido sea, pero el tiempo se acaba puesto que el próximo aviso de los mercados internacionales puede ser más brutal. No creo exagerado afirmar que el consenso sobre las reformas necesarias en la economía española crece entre expertos y organismos internacionales. No se trata aquí de repetir el catálogo de las mismas pero apuntaré tres urgentes. En primer lugar, y para permitir un mejor acceso al crédito por parte de empresas y familias, la limpieza del balance de aquellas entidades financieras que lo tienen dañado por su gran exposición al inmobiliario. Esto requiere no solamente la reestructuración de entidades, sino también no frenar artificialmente el ajuste del sector inmobiliario. El sector de la construcción residencial será necesario en la recuperación, pero para ello hay que ajustar precios y vender primero el stock de viviendas en el mercado.

En segundo lugar, la reforma del mercado de trabajo con la instauración de la negociación colectiva a nivel de empresa y un contrato indefinido único para nuevas incorporaciones con coste de despido razonable.

Finalmente, la reforma de las administraciones públicas para aumentar la eficiencia, eliminar la superposición de funciones y poder cumplir con el ambicioso plan de austeridad del Gobierno. En ninguno de los tres casos los parches y las medias tintas funcionarán.

El Gobierno tiene la responsabilidad de liderar las reformas y no puede escudarse en la potencial falta de consenso. Afortunadamente, no estamos ya en un Estado corporativo en donde la "concertación" de los distintos intereses debe dictar la política a seguir. Ello requiere valentía por parte del Gobierno en dos aspectos. En primer lugar, debe cambiar el discurso y decir claramente que vienen malos tiempos y que la salida de la crisis no será indolora sino con más trabajo y esfuerzo por una compensación que no crecerá. Ello requiere, naturalmente, que el sector público predique con el ejemplo. Hay que explicar que la protección social depende de la marcha de la economía a medio plazo.

En segundo lugar, el Gobierno debería ser audaz y tomar la iniciativa en el planteamiento de las reformas y no esperar los avisos de los mercados u organismos internacionales. Creo que ello tendría efectos muy beneficiosos en las perspectivas de financiación de la deuda, puesto que éstas dependen fundamentalmente de las perspectivas de crecimiento de la economía, y daría un margen mucho mayor para la política económica. Por ejemplo, la anunciada subida del IVA para julio es técnicamente correcta, pero hubiera podido ser pospuesta para cuando la economía estuviera más recuperada si hubiéramos aprobado el paquete de reformas necesarias el año pasado. El mercado internacional nos hubiera dado crédito.

Xavier Vives es director del Centro Sector Público-Sector Privado de IESE.