Los bancos devolverán el dinero a ex alumnos de Wall Street Institute

Barcelona

A Sergio Pareja le han perseguido, durante siete años, 1.700 euros de un crédito bancario que solicitó para pagarse "un curso básico de inglés". Ésa es la cantidad que quedó pendiente de abonar por unas clases que, en realidad, nunca recibió porque el centro donde estudiaba, The Wall Street Institute, cerró sin previo aviso y le dejó a medio camino entre el

my name is y el where do you live? "Nunca he vuelto a estudiar en una academia. ¡Prefiero irme a Londres!", exclama Sergio, que al menos se ha liberado de la carga económica que pesaba sobre sus hombros.

Una sentencia dictada ahora por la Audiencia de Barcelona condona la deuda de Sergio y la de otras 200 personas que, en su día, se quedaron tiradas por el cierre de las franquicias de Wall Street en el área de Barcelona, que vino precedido por la gran crisis de las academias de idiomas de 2002 en España: Opening, Brighton y Cambridge quebraron y mataron las ganas de aprender inglés de casi 65.000 alumnos, la mayoría jóvenes.

Los estudiantes se vieron afectados por el cierre de varios centros en 2003

La Audiencia desestima el recurso presentado por tres entidades bancarias (Santander, Citibank y Caja Madrid) y confirma una sentencia de 2005 que condena a los bancos a abonar a los afectados las cuotas mensuales que les cobraron desde que los centros dejaron de impartir clases. Eso, más los intereses. No es el caso, sin embargo, de Sergio. Cuando se enteró (por la recepcionista) de que la franquicia de WSI en Santa Coloma echaba el cierre, pidió a su banco que no le descontara ni un recibo más.

Aquella decisión le costó cara. "Empecé a recibir llamadas y cartas amenazadoras del banco. Así me tuvieron tres años", explica Sergio, que fue incluido en el registro de morosos. La sentencia, que está en la línea de otras dictadas a propósito del escándalo de las academias de inglés, reafirma que los alumnos deben ser excluidos de esa lista de impagados y liberados de cualquier carga económica. La resolución permite que, al margen de los 200 afectados que están detrás de la demanda, " cualquier persona que se encuentre en idéntica situación pueda reclamar que se le devuelvan las cantidades", expone Daniel Labrador, el letrado del bufete Aequo Advocats que lleva el caso.

Cuando el empresario incumple lo pactado, los contratos de financiación que van unidos al servicio resultan "ineficaces", tal como prevé la Ley de Créditos al Consumo y recoge la sentencia. Wall Street Institute ofrecía a los alumnos dos opciones de pago: al contado o con financiación bancaria. En el impreso de matrícula aparecían siempre los nombres de los bancos demandados, por lo que la elección era limitada. Sergio va más allá. "¿Escoger? Yo ni siquiera sabía que tenía el crédito con Citibank. No me informaron de nada. Pero me lo pintaron todo tan bonito...", recuerda.

Para conseguir lo que consideran que es su dinero, los bancos expusieron, entre otras razones, que algunos contratos no los firmaban los alumnos. La Audiencia remarca que, en todo caso, lo hicieron familiares directos. Y subraya que los bancos se limitaban a transferir el dinero a la academia, por lo que "no existía riesgo" de que se destinara a otro fin.

La directora de la asociación que impulsó la demanda, CUS Salud, Consumo y Alimentación, Carme Sabater, se felicita por la sentencia, aunque lamenta que haya tardado en llegar. Esta dilación ha provocado que un centenar de afectados se haya echado atrás. "Cuando ocurrió todo, recibimos infinidad de llamadas. Hubo alumnos coaccionados y otros firmaron sin conocer las cláusulas. El consumidor debe saber que tiene unos derechos", afirma.

Sergio admite que, por aquel entonces, pecó de ingenuo. Hasta ayer, seguía guardando las facturas (el equivalente en pesetas a 600 euros mensuales) que pagaba, religiosamente, cada mes.