De propuesta de sentencia a globo sonda

Si cargarse 14 artículos y desmochar otros 20 no ha sido suficiente para alumbrar una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿cuántos más deberá anular la siguiente propuesta de sentencia para que la acepte el tribunal?

Tal como se ha desarrollado el partido hasta ahora, por decirlo con la expresión del promotor del recurso contra el Estatuto, el presidente del PP, Mariano Rajoy, la propuesta de sentencia derrotada el viernes pasado era lo mejor que podían esperar quienes aprobaron el Estatuto en las Cortes. ¿Qué cabe esperar ahora?

Es pertinente recordar quién es quién en esta batalla. Es decir, por una parte, el progresismo español que en su día impulsó la creación del Estado de las Autonomías en fructífera negociación con el centrismo de Adolfo Suárez. Junto con él, la amplia mayoría social y política que en Cataluña incluye a los tres partidos de la izquierda gobernante más el centro-derecha nacionalista de CiU. Por la otra parte, el PP, que en este lance se ha lucido como heredero de las posiciones contra el Capítulo VIII de la Constitución mantenidas en 1978 por Alianza Popular y Fuerza Nueva.

Lo que está en juego es el alcance del carácter inclusivo del modelo autonómico constitucional español

Como fruto de la negociación entre las dos alas del Tribunal, esta propuesta de sentencia parecía constituir el recorte mínimo aceptable para los conservadores y el máximo asumible por los progresistas. La nueva propuesta que ahora cabe esperar debería incluir, para prosperar, todos los recortes de la última y unos cuantos más. ¿Qué otros más? ¿Qué se le ha quedado en el tintero a la mayoría del Tribunal?

Lo que se ha conocido de este envite político-constitucional indica, entre otras cosas, que hay una mayoría del Tribunal que en el actual Estatuto de Cataluña considera insuficientemente reconocida la unidad de España, quiere reforzar la preeminencia de la lengua castellana en esta comunidad y está decidida a mantener al sistema judicial fuera de toda influencia de la Generalitat. Amén de la urticaria que a algunos magistrados les provoca la asignación del sustantivo nación a Cataluña, ni que sea en términos de retórica. A esta mayoría no le basta con haber puesto su mano sobre los correspondientes artículos del Estatuto catalán. Quiere más.

Una de las diferencias entre el quinto intento de sentencia y los anteriores es que esta vez la propuesta rechazada ha trascendido a la opinión pública. De los anteriores intentos se habían conocido la orientación, el fondo, pero se desconocían los detalles. Y ya que no como resolución del Tribunal, esta propuesta cumple así, por lo menos, otra importante función: la de sofisticado globo sonda. Está permitiendo calibrar cuál es la reacción de la opinión pública, cómo se lo toman los partidos catalanes, qué hacen el Gobierno español y el de la Generalitat ante la emergencia en el Tribunal Constitucional de lo que no cabe calificar más que como las obsesiones recurrentes del nacionalismo español respecto a todo lo relativo a Cataluña. En particular, acerca de este tan revelador empeño de incluir en una ley orgánica del Estado muletillas sobre la indisoluble unidad de España y ese miedo cerval a que la lengua castellana pierda poder en Cataluña.

De momento, sin embargo, la reacción se ha centrado en Cataluña en poner en entredicho la idoneidad de este Tribunal Constitucional para dictar sentencia sobre un asunto tan controvertido y políticamente sensible. El bloque político catalán que apoyó el Estatuto ha decidido presionar sobre el Gobierno español, el PSOE y el PP para que lleven a cabo la renovación del Tribunal pendiente desde hace varios años. Las primeras respuestas apuntan en dirección contraria.

Que las reacciones catalanas, incluida la del presidente de la Generalitat, apunten a exigir más legitimidad al Tribunal Constitucional debiera sonar como una alarma en el ecosistema político español. Se equivocan quienes creen que Cataluña tragará lo que tenga que tragar. Que no pasará nada si se echa atrás el modelo de integración lingüística escolar, por ejemplo. La historia enseña que el statu quo político o constitucional español no sale indemne si es cuestionado o rechazado en Cataluña. Detrás del cuestionamiento del Tribunal Constitucional irá el de la Constitución si se recorta su capacidad de inclusión para una mayoría de los catalanes.