El director de Portos achaca a errores judiciales la querella por prevaricación

Tiene en contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza y una denuncia del fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente por prevaricación medioambiental y urbanística, pero José Manuel Álvarez-Campana, director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga y actual presidente de Portos de Galicia, sostiene que la declaración de impacto ambiental que firmó y dio el visto bueno en 2005 a la piscifactoría de Rinlo, en Ribadeo, fue correcta y rigurosa. "Los jueces tienen mucho trabajo y estos temas ambientales son complejísimos, con una maraña de leyes locales, autonómicas, estatales y europeas", arguye para explicar las resoluciones en su contra. Con respecto a la querella, lo mismo: "Quiero creer que el fiscal tiene muchísimo trabajo", aventura.

"Estoy deseando explicar lo que hicimos con toda la claridad del mundo"

Para Álvarez-Campana, las imputaciones del fiscal -que le acusa de imponer los criterios comerciales sobre los naturales cuando aprobó el documento- carecen de fundamento. "Me extrañaría mucho que hubiese planteado la demanda si hubiese hablado conmigo antes", sostiene. Aduce que la declaración de impacto ambiental que suscribió no autorizaba la construcción de la planta -ubicada en un espacio protegido por la Red Natura con hábitats prioritarios-. "Es un acto de trámite", asegura, y alega que la decisión final dependía de la Dirección Xeral de Recursos Mariños, que entonces comandaba Carmen Bouso Montero. También insiste en que su resolución llamaba a tener en cuenta las competencias de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que lideraba Javier Ruiz de Almirón. Según entiende, la declaracion de impacto ambiental es un "informe de informes para que el que decida tenga todo en cuenta".

"El procedimiento se hizo siguiendo escrupulosamente los principios administrativos, normativos, técnicos y científicos", asevera. Si el tribunal la anuló lo hizo, a su juicio, porque se lió con la numerosa normativa aplicable. "A veces los jueces están en otros mundos más que en este derecho administrativo". Añade que la aplicación de un criterio "muy restrictivo" respecto a las actividades posibles en espacio de Red Natura hizó el resto.

Sobre el argumento central del fiscal, que se basa en que la declaración obvia las limitaciones de la normativa estatal y europea respecto a los proyectos en hábitats protegidos de Red Natura, el presidente de Portos niega su responsabilidad y apunta a Recursos Mariños como responsable de la autorización de la obra. "Yo ni siquiera era competente en gestión de espacios naturales". Insiste, además, en una denuncia de la asociación ecologista Adega a la Comisión Europea contra la declaración, que Bruselas rechazó tras un proceso en el que recabó información de las propias instituciones. "Es curioso que el fiscal no la incluya en su escrito", apunta. Desde Adega, Daniel Vispo apunta que la asociación desistió de recurrir la decisión después de que el juez paralizase las obras. "Ni siquiera mandamos los informes periciales del juzgado a Europa", recuerda.

El presidente de Portos entiende, además, que de los dos cargos que le imputa el fiscal, prevaricación medioambiental y urbanística, el segundo carece de razón de ser porque la declaración se emitió "sólo a efectos ambientales".

Utiliza una comparación para explicar su proceder. "Las declaraciones de impacto son en toda Europa casi siempre positivas pero condicionadas. Si fuese un semáforo, sería uno en naranja, con condiciones muy potentes", explica, y se muestra confiado en que obró con diligencia: "Estoy deseando explicar lo que hicimos con toda la claridad del mundo. No tengo nada que ocultar, y estoy encantado de poder ponerlo de manifiesto".