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El PSdeG denunciará "donde sea necesario" para evitar "barbaries" en espacios protegidos

"Nosotros vamos a denunciar donde sea necesario. Vamos a ser la garantía de que el Gobierno de Feijóo no va a hacer ninguna barbarie en espacios protegidos". La portavoz de Medio Ambiente del PSdeG, Carmen Gallego, no le dice que no ni a ir a los tribunales después de que dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) concluyeran que la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo) no contó con un estudio de impacto ambiental válido ya que la planta podría "generar potencialmente un daño ambiental irreversible". A la sentencia le sigue la denuncia del fiscal de Medio Ambiente que acusa de prevaricación urbanística y medioambiental al presidente de Portos de Galicia por el modo en que tramitó el estudio de impacto cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental con Manuel Fraga.

"La sentencia sobre Rinlo y la actividad del fiscal viene a confirmar que lo que nosotros decimos es verdad", remarcó Gallego. Para la portavoz socialista sostiene que "haciéndolo bien" ningún informe de impacto ambiental daría luz verde a la instalación de una piscifactoría en zonas de protección similares a la de Ribadeo. "Por mucho que se empeñe Núñez Feijóo en hacer [la planta en] Touriñán u otra, va a chocar con la legislación europea. Tiene que saber que cualquiera que firme se va a encontrar con otro Álvarez-Campana". Gallego reclamó responsabilidades políticas porque el presidente de Portos "no puede seguir ejerciendo ese alto cargo con la acusación del fiscal".

El BNG, por boca de su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, pidió también que se releve de su cargo a Álvarez Campano. "Núñez Feijóo tiene una ocasión de oro para desmostrar en Galicia esta petición de firmeza que hizo en Madrid", dijo en relación a las palabras del presidente de la Xunta sobre el caso Gürtel. Las dimisiones "no se tienen que quedar sólo ahí", explicó, puesto que el propio Feijóo era miembro de aquel Gobierno de Fraga.

Aymerich no se mostró partidario de tomar la iniciativa de llevar estos casos a los tribunales. En este caso, "la Fiscalía está actuando" y la Xunta "debe colaborar" con ella. Pero sin olvidar que "además de la responsabilidad penal, está la política", señaló.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de abril de 2010