La Xunta quita competencias y personal a la agencia de legalidad urbanística

Nació en 2007 como una agencia independiente para poner coto al urbanismo desaforado y al enjambre de grúas que acechaba la costa gallega en pleno boom immobiliario. Un freno al "ti vai facendo" que presidió durante décadas las relaciones entre algunos alcaldes y promotores, certificación última del todo vale que ha imperado en la construcción.

Con ese objetivo, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño creó en 2007 la Axencia de Protección da Legalide Urbanística (APLU). El bipartito se valió entonces de los mismos técnicos que ya trabajaban para Alberto Núñez Feijóo en su etapa como vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Política Territorial. Pero decidió blindar las competencias de este organismo y poner el trabajo de los inspectores a salvo de las presiones del poder político y de los alcaldes.

Hernández cambió los estatutos para destituir al director y a todo su equipo

La consellería se reserva el poder de autorizar usos en la franja marítima

Los estatutos establecían que los sucesivos directores de la APLU tendrían mandatos asegurados de cuatro años. Como la agencia arrancó en 2007 no coincidirían con las legislaturas del Gobierno de turno. Era la excusa perfecta para que ningún conselleiro tuviera la tentación de influir sobre el trabajo de los inspectores urbanísticos. Ese estatus especial y sobre todo la rigurosa defensa del territorio que llevó a la agencia a multiplicar los expedientes por infracciones nunca contó con el respaldo de los alcaldes. Sólo 45 de los 315 municipios se adhirieron durante estos tres años voluntariamente a la agencia, pensada también para tutelar las competencias urbanísticas en los ayuntamientos más pequeños que apenas cuentan con medios para hacerlo.

La desconfianza de los alcaldes (de todos los partidos) fue a más cuando la APLU empezó a instruir expedientes y a revisar licencias urbanísticas con sus inspectores sobre el terreno. El caso más paradigmático fue el de Barreiros, en la Mariña lucense, que desembocó en 44 recursos por la vía de lo contencioso-administrativo que el bipartito presentó contra cada una de las licencias otorgadas por el alcalde Alfonso Fuente Parga, para edificar 3.174 viviendas en suelo sin urbanizar.

En virtud de un convenio que Manuel Fraga firmó aún como presidente en 2004 con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, Xunta y ministerio público se comprometían a intercambiar información sobre hechos presuntamente delictivos. Esa declaración de intenciones derivó en un acuerdo de colaboración entre la APLU y el ministerio público suscrito el pasado septiembre para colaborar en la persecución de delitos relacionados con la construcción. La nueva fórmula irritó al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, que ya entonces mostró en público su contrariedad por el acuerdo. Hernández supo entonces que la Justicia pondría el punto de mira sobre la forma de entender el urbanismo de varios alcaldes, algún histórico del PP, pero también socialistas y nacionalistas.

El conselleiro temía -porque había visto la espectacular foto aérea de Barreiros que ocupaba toda una pared en la sede de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con las edificaciones irregulares marcadas en rojo- que este alcalde de la Mariña lucense podría ser el primero en entrar en los juzgados. No se equivocaba. La denuncia contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, la firmó el fiscal jefe de Lugo a mediados de diciembre pasado y toma como base los informes de la APLU.

El ministerio público acusa al regidor y a tres de sus concejales, así como a la arquitecta municipal, de prevaricación urbanística, por conceder a lo largo de todo el año 2006 los permisos pese a los informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y el requerimiento de la anterior Consellería de Política Territorial para que no lo hiciese.

Son varios los funcionarios consultados que afirman que entonces se fraguó la destitución de Hipólito Pérez como director de la axencia. No era ningún secreto, porque por aquel entonces, finales de diciembre, principios de enero, un importante alto cargo de la consellería de Territorio se permitía admitir en público que tal vez Pérez fuese "demasiado estricto" para ese puesto.

La destitución del que había sido subdirector de Disciplina Urbanística con Feijóo hasta 2005 se fraguó el jueves 11 de marzo en el Consello de la Xunta, sin que el presidente comunicase la decisión a la prensa. Hernández explicó después que la incorporación de María Martínez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al puesto en sustitución de Hipólito Pérez buscaba fomentar "la cooperación con los ayuntamientos". Pese a esa declaración, tanto Henández como el presidente de la Federación de Municipios e Provincias, el socialista Carlos Fernández, se apresuraron a desmentir que los alcaldes hubieran presionado para relajar el control de la agencia, a la que el propio Fernández, regidor de Ames, siempre se negó a adherirse.

Una semana más tarde, fue el propio Feijóo quien reconoció que su Gobierno decidió modificar los estatutos para que el director de la agencia no tuviese "especifidades" respecto a otros directores generales. Dicho en lenguaje llano: la inspección, el control urbanístico y la potestad de sancionar vuelven a depender directamente del poder político.

La purga en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística había comenzado meses antes. Con el director, desde la llegada del PP a la Xunta, han caído su segunda, Isabel García, y tres de los cuatro jefes de servicio provinciales, a excepción del de Ourense. Además de descabezar el equipo que había puesto en marcha este organismo, la nueva relación de puestos de trabajo que está elaborando la dirección del ente prescinde de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería.

El cambio de los estatutos de la APLU operado por el departamento de Hernández le sirvió además para hacerse con competencias hasta ahora en manos de la agencia: desde ahora el poder para autorizar obras y usos en los primeros 100 metros de la costa recaerá también sobre la consellería. El conselleiro de Territorio recupera la potestad para autorizar paseos marítimos municipales, chiringuitos, aparcamientos e incluso infraestructuras para piscifactorías en la zona de servidumbre.