Expedientes sin color político

El balance de su actividad en 2009 explica bien el funcionamiento de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. El año pasado acometió 517 inspecciones en 55 ayuntamientos, abrió 237 expedientes de reposición de la legalidad urbanística e impulsó sanciones por 6,8 millones de euros.

La APLU interpuso 282 recursos administrativos, entre ellos los 44 de Barreiros, de los que 261 ya están resueltos. Los tribunales han fallado a su favor en el 99% de los pleitos que ha planteado y ha dictado 92 órdenes de paralización para frenar obras que no contaban con la autorización autonómica.

Su grado de independencia, permitió que en pleno mandato del bipartito, la Axencia instruyese un expediente contra el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, por unas obras en su casa que denunció el alcalde de San Amaro (PP). Los inspectores de la Axencia tramitaron todo el expediente que derivó en una propuesta de sanción a Vázquez, cuando éste ya ejercía como secretario general del PSdeG. El PP, incluidos Feijóo y su secretario general, Alfonso Rueda, airearon el expediente de la APLU en vísperas de las elecciones europeas y Vázquez llegó a denunciar por la vía penal a la agencia. La misma que la Xunta se propone ahora desmantelar.