Feijóo defiende retirar las denuncias y legalizar Barreiros con convenios

El Gobierno gallego sigue decidido a invertir siete millones de euros para dotar de servicios a las polémicas construcciones que afloraron durante los últimos años en Barreiros sobre fincas sin urbanizar, donde nadie, ni el Ayuntamiento, ni los promotores, previeron infraestructuras básicas como el agua, el saneamiento o la electricidad.

Todas esas carencias llevaron al titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo a dar la razón al bipartito y a anular la primera de las 44 licencias que el gobierno municipal de Barreiros aprobó para edificar 3.174 viviendas en zonas sin servicios. El resto de los permisos también están impugnados en los tribunales a la espera de que diriman si el suelo sobre el que se asientan las construcciones es edificable. En su primera sentencia, que afecta a tres inmuebles con 173 viviendas, el juez apunta lo contrario y revela además que muchos de los edificios nuevos en este municipio sobre los que deberá pronunciarse adolecen de las mismas deficiencias.

Barreiros tendrá que indemnizar a las promotoras si el juez anula permisos

El PSOE pregunta por qué se legalizan "irregularidades" con dinero público

Pero Feijóo avanzó ayer que sólo se dará por enterado cuando ese primer fallo, que el regidor de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, del PP, y la constructora Promociones Nordés, SL, recurrieron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sea firme. "Nosotros no condenamos de manera preventiva ni vamos a vulnerar nunca las presunciones de legalidad, cumpliremos las sentencias si son definitivas", aseguró.

El Ejecutivo del PP ha dejado claro, con declaraciones y hechos, que la guerra de la Xunta anterior contra los desmanes de la construcción en A Mariña lucense no es la suya. El propio Feijóo explicó cual es su filosofía: "Si a través de un convenio se solucionan los problemas, los solucionamos, si esa irregularidad no tiene solución, apliquemos la ley". Por eso, la oferta de acuerdo a tres bandas que la Consellería de Medio Ambiente, propuso a la Diputación de Lugo -que todavía deberá ratificarlo- y al Ayuntamiento de Barreiros, sigue en pie, pese a los contratiempos judiciales que incluyen una denuncia por prevaricación urbanística contra el alcalde popular y tres de sus ediles.

El convenio trata de legalizar las construcciones con una inversión global de 14 millones de euros, seis de ellos aportados por las constructoras. El resto de dotaciones no previstas se financiarán con siete millones de euros de dinero público.

De ahí que Feijóo también avale la retirada de cuatro denuncias que la Asesoría Jurídica de la Xunta había presentado durante esta legislatura basándose en un informe de la Axencia Galega da Legalidade Urbanística. "Se retiraron los recursos porque el convenio firmado con la Diputación y los promotores solucionaría los problemas legales que motivaron esos recursos. Por lo tanto, parece que nadie puede ir contra sus propios actos, si por una parte solucionamos los problemas, no tiene sentido recurrir".

Preguntado sobre si también retirará las decenas de denuncias presentadas por el bipartito, Feijóo dijo no tener información suficiente. Sí deslizó que su idea es mantener la vía de los juzgados sólo en el caso de que no se pueda solucionar con ese convenio que tira de dinero público. Es a la vez un modo de solucionar la dificil papeleta del regidor de Barreiros, que podría verse obligado a indemnizar con cantidades millonarias a promotoras y propietarios de los pisos, si la Justicia, como ha fallado en primera instancia, ratifica que esos permisos son nulos de pleno derecho, como advirtió en sus informes la secretaria municipal

El PSdeG cargó ayer contra la "dejación de responsabilidades" del Gobierno autónomo, pero centró sus críticas en el alcalde popular, Alfonso Fuente Parga. "Hay un problema en Barreiros derivado de la irresponsabilidad de un alcalde y su Junta de Gobierno", señaló la portavoz socialista, Mar Barcón. El PSdeG pedirá en el Parlamento que el conselleiro de Medio Ambiente e Territorio, Agustín Hernández, explique por qué la Xunta va a financiar las infraestructuras de las urbanizaciones ilegales y cambiar la calificación del suelo además de renunciar a "defender el interés jurídico de los ciudadanos".