Barcelona frena los anunciados planes de nuevos burdeles en Ciutat Vella

El desacuerdo en el PSC congela la decisión de regular la prostitución en locales y pisos

Ciutat Vella, de momento, no tendrá una nueva regulación para abrir prostíbulos y meublés. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, asumió como buena la apertura de locales en el distrito como mal menor para evitar los contactos sexuales en plena calle. Eso fue en septiembre pasado, tras las fotografías de sexo en los soportales del mercado de la Boqueria publicadas por EL PAÍS.

Itziar González, regidora del distrito de Ciutat Vella, anunció entonces que se revisaría la aplicación de la ordenanza para la apertura de locales o pisos para que esa actividad tuviera cabida, como en el resto de la ciudad, y que esa regulación se incluiría en el futuro plan de usos. Ese documento, presentado ayer, no dice ni media palabra del tema.

La regidora del distrito argumenta que hace falta más tiempo y análisis
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La omisión tiene relación directa con la falta de acuerdo en el Grupo Socialista. ¿Se da licencia de actividades para pisos en una comunidad de vecinos? ¿Se destina un inmueble entero a convertirlo en un macroprostíbulo? ¿Quién controlará esa actividad, los proxenetas? Desde el escándalo de la Boqueria, esas cuestiones y otras han salido a relucir en más de una reunión del grupo municipal socialista y de la comisión ejecutiva -que reúne también a los gerentes municipales-, donde las voces de prevención se dejaron oír. Finalmente, la semana pasada la regidora de Ciutat Vella anunció en la reunión del grupo municipal socialista que la regulación de los prostíbulos dejaba de estar prevista en el plan de usos, señalaron fuentes municipales.

"Necesitamos más tiempo de análisis", se justificó ayer la regidora, quien añadió que el distrito desconoce, incluso, el número de mujeres que se dedican a la prostitución. Para incluir los meublés en el plan de usos, siguió la regidora, se precisa "un amplio conocimiento de la realidad". Así que, de momento, seguirán estando prohibidos. Recuperar esos espacios -que se fueron cerrando en la década de los setenta- , advirtió González, podría provocar un "efecto llamada".

Como alternativa, el distrito incluirá una partida de tres millones de euros en la candidatura del Raval Sud que presentará el próximo 15 de abril para el Plan de Barrios. Este dinero servirá para rehabilitar íntegramente las fincas de la zona, donde ejercen algunas prostitutas. Además, las entidades de apoyo a este colectivo diseñarán un programa integral para la formación y la inserción de estas mujeres. Un colectivo que, de entrada, era favorable a la apertura de meublés y prostíbulos.

En cambio, los grupos de la oposición municipal se posicionaron en contra de la apertura de prostíbulos, pidiendo como únicas medidas más recursos de atención a las mujeres que desearan abandonar la calle y más policía para controlar las calles.

Lo que pretende el plan de usos de Ciutat Vella que ayer presentó la concejal Itziar González es casi la cuadratura del círculo: combinar el "carácter cosmopolita" del casco antiguo de la ciudad con la "realidad vecinal". Así, divide el distrito en 13 zonas, en función de su tolerancia a las actividades comerciales y teniendo en cuenta la morfología de las calles y la densidad de población. El Gòtic sur y el Raval oeste y sur son las zonas de máxima protección. En la Rambla, la calle de Ferran, el Portal de l'Àngel, la catedral, la Ciutadella y el puerto habrá más tolerancia.

El criterio general del plan es no otorgar más licencias y ordenar la actividad económica. Para lograrlo, Ciutat Vella incentivará el traslado de bares, restaurantes a las zonas de más tolerancia. A cambio, se les permitirá construir locales más amplios y con mayor aforo.

Cuando se apruebe el plan de usos, a finales de año, estará prohibido construir nuevos establecimientos que propicien el consumo de comida rápida. Los técnicos del distrito llevan meses inspeccionando los 49 locales con licencia para vender platos preparados porque han detectado que algunos ofrecen también productos para ser consumidos en la calle, algo que sólo pueden hacer los establecimientos con licencia de bar o restaurante.

El objetivo de esa reestricción, explicó González, es "proteger la restauración" y que la calle "se utilice para pasear y no para comer".

Traslado de hoteles

Se cierra el grifo también a la construcción de hoteles y pensiones, aunque se permitirá su traslado sin incrementar el número de plazas. Ciutat Vella, que concentra el 29% de la oferta hotelera de Barcelona, no podrá superar los 187 hoteles que ya acoge en sus calles. El distrito también pretende acabar con los apartamentos de uso turístico. Cumpliendo el acuerdo de Gobierno de la Generalitat, estos pisos tendrán que estar agrupados en edificios exclusivos. Los que todavía no cumplan con la normativa tendrán seis años para trasladarse. "En seis años no habrá ninguna vivienda de uso turístico en un edificio de vecinos", prometió González.

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