Feijóo: "Se pueden hacer piscifactorías en Red Natura y las haremos"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sigue donde siempre estuvo en el debate sobre la piscifactoría en Touriñán: a favor de que en ese paraje, espacio protegido, se pueda instalar una granja acuícola. Si el PSdeG tenía dudas acerca de cómo interpreta el Gobierno gallego el artículo 39 de la Lei do Solo que ambos partidos acaban de pactar -y que, según los socialistas, es suficiente para vetar las granjas acuícolas sobre Red Natura- ayer Feijóo lo explicó bien claro tras el Consello de la Xunta.

"No diré nada que pueda perjudicar a ese acuerdo", arrancó. Pero cuando los periodistas insistieron, decidió sincerarse. Y de paso subrayó que será su Gobierno quien finalmente aplique la norma: "Estoy a favor de cumplir la directiva europea que permite hacer piscifactorías sobre la Red Natura porque si no, no podrían construirse. Una vez publicada la ley, corresponde a la Administración su ejecución y hacer la evaluación de las plantas [...] y ya le digo que dentro de la directiva europea sí se puede, y eso es lo que vamos a hacer en Touriñán y en cualquier otro punto de la costa donde se dé ese supuesto".

Respalda el despido del director de la Axencia de Legalidade Urbanística

Defiende que este organismo dependa del "poder político" y "sin especificidades"

Aclarado este punto, Feijóo evidenció también que la denuncia presentada por la fiscalía contra el alcalde del PP en Barreiros y la arquitecta municipal, a quienes imputa prevaricación urbanística, no cambia en nada sus planes para invertir siete millones de euros en dotar de servicios a esas urbanizaciones cuya legalidad cuestiona el ministerio público y la propia Agencia de Protección da Legalidade Urbanística de su Gobierno.

El minucioso informe de este organismo de la Xunta reveló que el regidor de este pueblo de la Mariña lucense concedió permisos a 44 promotoras, a las que acusaba de exceder en algunos casos el triple de la edificabilidad permitida, para levantar 3.174 pisos. La denuncia de la fiscalía subraya que el equipo de gobierno de Barreiros otorgó los permisos "pese a las deficiencias insalvables recogidas en los informes jurídicos" y en una zona que "distaba en términos irreconciliables de lo que podía ser una malla urbana".

Pese a ello, Feijóo es partidario de "no discriminar" a ningún municipio pese a los "problemas urbanísticos que puedan tener". Destacó que los promotores se han comprometido a invertir siete millones de euros para completar la inexistente dotación de servicios y que la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, también colaborará con 1,5 millones. Todo para llevar accesos rodados públicos, agua, electricidad y saneamiento a construcciones donde no se habían previsto.

Feijóo también restó importancia a la destitución -que la semana pasada evitó explicar- de Hipólito Pérez, director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, cuya documentación acabó en los tribunales. Aunque todas las fuentes consultadas apuntan a que el relevo se produjo tras las presiones de alcaldes molestos con los informes de la agencia, Feijóo la revistió de normalidad.

Subrayó que la decisión compete al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y explicó que el cambio de los estatutos -que abogaban por mandatos largos para dar independencia al organismo y que éste no obedeciese al político del turno- servirá para que su director no tenga "especificidades", respecto a otros mandos intermedios de la Xunta.

"Lo más razonable en estos tiempos de crisis es solucionar problemas, y si hay alguna cuestión judicial, que la resuelva la Justicia. No ampararemos ninguna ilegalidad urbanística venga de donde venga", advirtió, antes de recalcar que por la información que tiene, "el Ayuntamiento de Barreiros está ganando todas las sentencias".

Horas después, también el presidente del PP de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, expresó su "plena confianza" en la actuación del alcalde popular y los otros tres concejales denunciados por el ministerio público. Lamentó los "juicios paralelos", pidió "celeridad" a la Justicia y se mostró seguro de que los dirigentes populares "actuaron única y exclusivamente defendiendo los intereses de este ayuntamiento".

En la reunión semanal del Consello de la Xunta, el presidente insistió en que las rebajas fiscales que prometió en materia de vivienda beneficiarán a 30.000 familias gallegas hasta 2011. Feijóo ofreció algunos detalles más y cifró el coste para la Administración en 9,2 millones de euros anuales. Pero confió en compensar ingresos y gastos "gracias al aumento de la actividad económica". Aprovechó para resaltar "el éxito" que supuso la primera bajada del impuesto de actos jurídicos documentados y de transmisión de bienes patrimoniales a menores de 36 años. Según sus cálculos, la medida sirvió para "aumentar la venta de viviendas en un 10%" dentro de estos colectivos.

Como viene haciendo durante los últimos días, el jefe del Ejecutivo salpicó su intervención de críticas al Gobierno central por la subida del IVA. Aprovechó para saludar la decisión del grupo Inditex de no repercutir el incremento a sus clientes. "Pienso que es una forma inteligente de gestionar", dijo para animar a otras empresas a seguir por ese camino".