El alcalde de Melón alega que no sabía que su monasterio es bien protegido

Alberto Pardellas, alcalde de Melón (Ourense), nunca supo que el monasterio cisterciense de Santa María, del municipio que gobierna desde 2004, es un Bien de Interés Cultural (BIC) protegido por leyes de Patrimonio. Por eso construyó un polideportivo a 75 metros del cenobio sin autorización de la Xunta. Lo dijo ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, en donde compareció acusado por la Fiscalía de un delito de prevaricación, que podría suponerle una condena de nueve años de inhabilitación para el cargo, además de un año de cárcel.

Pardellas, adscrito al núcleo duro del baltarismo, aseguró en el juicio que lo único que sabía del singular cenobio de su pueblo es que "es un monumento que está ahí" y aclaró que tampoco conoce lo que implica la declaración de BIC.

El regidor no recordaba que la Xunta le ordenó parar las obras

Desde 2003 como concejal del grupo de Gobierno y a partir de 2004 como alcalde, aprobó y firmó la contratación del polideportivo vulnerando no sólo la Ley de Patrimonio, sino también las normas urbanísticas, ya que el ayuntamiento no tenía plan de urbanismo y se regía por normas subsidiarias. Pese a ello, no pidió autorización a la Consellería de Política Territorial, ni siquiera tras la advertencia del secretario en un informe jurídico. El alcalde "creyó" que el reparo del funcionario a la contratación de la obra era "sólo económico".

En su descargo, el alcalde aseguró en el juicio que no sólo desconocía la catalogación del cenobio. Ni siquiera sabía "a qué distancia" se construía el polideportivo que autorizó y contrató. Tampoco estaba al tanto de las normas subsidiarias y no fue "consciente" de las reclamaciones de paralización de la obra que le remitió la Xunta. "Eso era cosa del secretario; yo firmo todo lo que me ponen delante", se exculpó. El regidor descargó toda la responsabilidad en los técnicos y advirtió que su "única dedicación" municipal consiste en "atender a los vecinos".

En la vista, Pardellas no consiguió recordar que la Xunta le ordenara demoler el polideportivo, ni que el Ayuntamiento interpusiera contra esa orden un contencioso administrativo, ni que tuviera que hacer frente a una multa por el incumplimiento. Su defensa lo presentó a la sala como un "comercial cárnico de formación" tras matizar que en el ayuntamiento "todo lo hacen los técnicos". Sus abogados, que contaron con la colaboración del interventor de la Diputación, José María Campos, en calidad de perito, concluyeron que "no fue consciente" de que vulneraba la legalidad, por lo que pidieron su absolución.

"No es sólo una ilegalidad administrativa, sino también arbitraria, injusta, mendaz y dictada a sabiendas", consideró el fiscal. En el juicio quedó claro que Pardellas firmó una orden de paralización de la obra. Lo hizo después de responderle al Valedor do Pobo que ya la había parado y un día después de que la estructura del polideportivo hubiera finalizado, según constató la acusación.