Santa Coloma comprará edificios por 11 millones para paliar el ahogo de Gramepark

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet presentó ayer los resultados de la auditoría encargada a la compañía Deloitte para conocer el estado de las cuentas de la empresa municipal Gramepark. La alcaldesa, Núria Parlón, aseguró que la sociedad pública -investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la Operación Pretoria- no tiene "ningún agujero en sus cuentas ni está en quiebra", pero sí presenta una deuda de 61 millones de euros.

El patrimonio de Gramepark en bienes inmuebles asciende a 73 millones, según los datos que se desprenden del informe de la empresa auditora. Aunque ese patrimonio en ladrillo no le permitirá desarrollar su actividad en el futuro. Para dotarla de liquidez, el Consistorio comprará a Gramepark una serie de inmuebles por valor de 11 millones que la empresa pública le había cedido gratuitamente y que venía empleando para alojar sus oficinas.

La partida de millones figurará ya en los próximos presupuestos tal como informó el gerente del Consistorio, Fernando Hernández. "Uno de los motivos por los cuales se ha retrasado la aprobación de los mismos es, precisamente, porque estábamos esperando los resultados de la auditoría". La operación, añadió Hernández, servirá "para equilibrar la relación entre la empresa y el Consistorio".

El análisis de Deloitte recoge, según el Consistorio, que hay 26 expedientes sobre obras mal adjudicadas o que presentan "alguna irregularidad" y que, según el gerente, serán revisados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. También revela que hasta en ocho ocasiones se llevaron a cabo sin que el Ayuntamiento hubiera realizado el encargo formal de la obra, tal como avanzó ayer EL PAÍS.El gobierno municipal presentó una primera evaluación del informe apenas ocho horas después de haberlo recibido y sin haber podido revisar a fondo las 242 páginas que contiene. Aun así, reconoció que el texto revelaba que habían fallado "los mecanismos de gestión y fiscalización" en el Ayuntamiento de Santa Coloma. El gerente del Consistorio negó, por el contrario, que se hubieran producido "adjudicaciones a dedo" en los últimos tres años, aunque sí que "hubo adjudicaciones directas, aquéllas en las que se pide a una serie de empresas que presenten una oferta y se escoge entre ellas", explicó Joan Carles Mas, primer teniente de alcalde.

El Ayuntamiento no concretó, en cualquier caso, si se habían producido irregularidades en esas adjudicaciones, y se justificó recordando que este procedimiento es lícito en proyectos que no superan los 50.000 euros de presupuesto, pero todas las adjudicaciones en las que se advierte este procedimiento superan esa cifra. En algunos casos, incluso son de más de un millón de euros. Por ejemplo, en obras como la de la plaza del Olimpo sí está pendiente determinar si su aprobación urgente estaba justificada o no.

Según el Ayuntamiento, el análisis de Deloitte recoge que hay 26 expedientes sobre obras mal adjudicadas o que presentan "alguna irregularidad" y que, según el gerente, serán revisados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. También revela que hasta en ocho ocasiones se llevaron a cabo sin que el Ayuntamiento hubiera realizado el encargo formal de la obra.

Según Parlón, esta situación se debía a que Gramepark actuaba dentro de un convenio marco firmado con el Ayuntamiento para 2007-2011 y realizaba las obras que se aprobaban dentro de ese periodo. "Faltaba la formalidad del encargo, pero eso no implica consecuencias jurídicas", señaló Hernández. El convenio entre el Consistorio y la empresa quedó anulado en un pleno municipal con la llegada de la nueva alcaldesa y a partir de ahora las obras se incluirán en convenios específicos.

Pérdidas de 2,7 millones

Para Parlón, el informe permite afirmar que el caso Pretoria no guarda similitud con el caso Palau; "aquí nadie se ha llevado nada de la caja", resumió para negar que hubiera un agujero en las cuentas. El patrimonio actual de Gramepark está estimado según la auditoria en un mínimo de 7,5 millones de euros y un máximo de 11,5 millones. A lo largo de 2009, la empresa registró unas pérdidas de 2,7 millones, que el gobierno municipal atribuye a la situación del mercado inmobiliario.