Un pacto que quema

Si una partida de gasto público viene creciendo a ritmos altos, y no se ha tomado ninguna medida para frenarla, resulta poco creíble escribir en los presupuestos que va a contenerse. Esto está ocurriendo en la sanidad, que se lleva más de un tercio del dinero que gestionan las autonomías. Con crisis o sin ella, la población envejece, consume más fármacos y servicios durante su vida y cada vez más exige tratamientos a la última.

A diferencia de las pensiones, que tienen separadas sus cuentas en la Seguridad Social, las de la sanidad se diluyen en las generales, lo que hace menos visibles sus desviaciones. Pero, en un momento en que el déficit desbocado obliga a hacer ajustes en todas las administraciones, surgen voces llamando a un pacto de Estado. Como el que Gabilondo intenta en la educación, o el que los partidos exploran con menos fe contra la crisis. El modelo es en realidad el Pacto de Toledo, que en su día permitió iniciar ajustes nada drásticos en las pensiones.

Un pacto sanitario, entonces, ¿para qué? Sobre todo, dicen las comunidades (de todo color) que con más insistencia lo reclaman, para mejorar la financiación y frenar el gasto. Pero cualquier idea al respecto resulta espinosa: rebajar los gastos en personal, revisar precios y coberturas de fármacos o avanzar en el copago por los usuarios (de medicinas o incluso de consultas). Para el ministerio de Trinidad Jiménez el panorama es poco atractivo, con el riesgo de quemarse en cambios impopulares para resolver lo que es, principalmente, un problema financiero de las autonomías. ¿Cómo se compartiría ese desgaste político?