La Xunta pretende forzar el cese inmediato de Gayoso en Caixanova

El Gobierno gallego pretende poner en marcha inmediatamente el mecanismo legal que provocaría el cese como presidente de Caixanova de Julio Fernández Gayoso, el principal adversario de la fusión entre las cajas gallegas que promueve el Ejecutivo de Feijóo. La nueva Lei de Caixas establece que los consejeros con más de 70 años deben abandonar sus puestos, circunstancia en la que se encuentra Gayoso.

Parte de la nueva ley, aprobada el pasado diciembre en el Parlamento con los votos favorables de PP y BNG, está suspendida una vez que el Gobierno central la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, los preceptos no recurridos -entre ellos, el que establece la edad de jubilación de los consejeros- entrarán en vigor una vez que el Boletín Oficial del Estado publique el auto del TC que aceptó el recurso del Gobierno. Y la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, adelantó ayer que la pretensión de la Xunta es exigir que se aplique de inmediato esa parte de la ley que no está suspendida.

El Gobierno replica a Feijóo que "quien se burla es el que se salta la legalidad"

Facenda exigirá el relevo de los consejeros mayores de 70 años

La pretensión del Gobierno autónomo anticipa una batalla legal con Caixanova. Fuentes próximas a la entidad con sede en Vigo explican que ésta se agarrará a otra disposición de la ley que establece que, mientras no se renueven los órganos de las cajas, sus miembros continuarán en funciones. La Xunta sostiene que ese precepto sí está anulado por el Constitucional.

Mientras tanto, las negociaciones para levantar el recurso siguen congeladas. Sobre ello habló Feijóo ayer, reprochándole al Gobierno que "puede negociar con Galicia, pero no burlarse de Galicia".

La partida que juegan el Gobierno y la Xunta a cuenta de la Lei de Caixas y su supuesta inconstitucionalidad entra en un terreno resbaladizo. Con el giro que han dado las negociaciones para levantar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno, ahora congeladas, se abren nuevos escenarios que podrían provocar cambios inmediatos en los consejos de administración.

El que dejó caer ayer la conselleira de Facenda, sin nombrarlo expresamente, es el cese inmediato del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso. A preguntas de los periodistas y tras constatar su "profunda decepción", por el estado actual de las negociaciones, Marta Fernández Currás reflexionó sobre lo que va a pasar con las personas que, con la nueva ley, superan la edad fijada para formar parte de las asambleas y consejos de las cajas.

"Precisamente la ley incorporó, en su primera disposición transitoria, la continuación de la gente que incumplía esas condiciones [la edad de jubilación] para garantizar el funcionamiento de los órganos de las cajas [mientras no se celebrasen elecciones] tanto en el consejo como en la asamblea. Pero ocurre que el recurso del Gobierno suspende la disposición". La conselleira recordó acto seguido que "los artículos que establecen las incompatibilidades ya entraron en vigor" y no han sido recurridos. Por ejemplo, el que determina que si un consejero supera los 70 años tendrá que cesar de manera inmediata. Por lo tanto, en palabras de Marta Fernández, "los órganos del consello de administración tendrán que nombrar a los suplentes correspondientes por obra del recurso del Gobierno".

Caixanova, que de puertas afuera ni se pronuncia ni interpreta las palabras de la conselleira, va a dar la batalla para mantener en su puesto a Julio Fernández Gayoso y a sus dos vicepresidentes, Guillermo Alonso Jáudenes y a Alfonso Zulueta de Haz, que también rebasan la edad límite. Los tres incumplen los nuevos requisitos de los consejeros y deberían cesar, según la interpretación de la Xunta, cuando el Boletín Oficial del Estado publique el auto del Tribunal Constitucional contra la norma, cosa que podría ocurrir en pocos días. En la cúpula de Caixa Galicia sólo una persona estaría en esa situación y representa a los clientes.

La previsible batalla legal de Caixanova, según fuentes próximas a la entidad, se basaría en alegar que la norma que permite continuar en funciones a los consejeros en tanto no se celebran elecciones internas no está afectada por la suspensión del Tribunal Constitucional, como alega la Xunta.

Mientras, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, censuró la actitud del Gobierno estatal en la negociación de la ley de cajas. "El Gobierno puede negociar con Galicia, pero burlarse de Galicia, no", protestó Feijóo, quien censuró que Madrid pretenda "cambiar aspectos de la ley que ni siquiera tenía recurridos, como los plazos para modificar democráticamente de las asambleas y los consejos de administración". El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, no tardó en contestarle: "Quien se burla de Galicia es aquel que se quiere saltar a la torera la legalidad vigente".

Pero Feijóo ve una mano negra detrás de la comisión que estudia desde hace dos semanas los artículos de la ley. "Nos gustaría saber qué miembro del Gobierno dio la orden de bloquear otra vez la negociación", señaló. "Cuando la delegación gallega estaba a punto de coger el avión para proseguir la negociación, hubo una orden para suspenderla; el Gobierno no puede jugar con Galicia", insistió, y recalcó que la comunidad autónoma "forma parte del Estado" y es "leal a la Constitución". "Espero que no caigamos en la trampa de decir que queremos desbloquear la ley para bloquear la fusión", dijo.