El dinero no llega

La coyuntura económica nos ha cogido a contrapié. En un momento en el que en España nos fijábamos retos importantes en educación e I+D+i, atención a dependientes, y construcción de infraestructuras, hemos sufrido una caída sin precedentes en los recursos públicos. En un primer momento hemos tirado del endeudamiento para mantener el nivel de gasto. Los superávits del pasado nos permitieron seguir una estrategia que hubiera bastado si la crisis hubiese sido de duración corta, como la de 1993. No es el caso. Las previsiones para 2010 y 2011 hacen presagiar mejoras muy limitadas de la recaudación.

La exagerada reacción de los mercados internacionales le ha servido al Gobierno español para recordarle que la deuda no es una fuente ilimitada de recursos y que hay que reconducir la situación. La subida del IVA y la marcha atrás en la deducción de los 400 euros son un paso en esta dirección. Como lo es el recorte de gastos ministeriales, empezando por las inversiones de Fomento. A escala gallega también se han hecho movimientos. Por un lado, se han aplazado sine die las rebajas fiscales anunciadas en el programa del PPdeG y se han aplicado medidas de recorte de gasto.

Va a ser necesario subir la presión fiscal. Y a lo mejor no es posible cumplir la Ley de Dependencia

Lo primero ha sido razonable. El experimento de los 400 euros ha servido para demostrar que el efecto expansivo de los recortes fiscales es muy limitado en tiempos de incertidumbre y propensión a ahorrar más. Por tanto, la rebaja del IRPF significaría directamente menos recursos y más dificultades para cuadrar las cuentas. En cuanto a los recortes del gasto, es una realidad que se han cebado en puestos de dirección y gabinete; así como en restricciones indiscriminadas en materia de personal. La duda es si ese recorte no puede haber significado un cierto descabezamiento del Gobierno y de áreas y puestos fundamentales para una gestión a la altura de un presupuesto de más de 11.000 millones de euros.

En cualquier caso, todo lo anterior no parece que vaya a ser suficiente. Va a ser necesario revisar al alza la presión fiscal y replantearse objetivos por el lado del gasto. En cuanto a lo primero, la lucha contra el fraude fiscal debe ser el primer vector. Aunque este objetivo ha de ser perenne para los gobiernos, la necesidad de recursos y el espacio de mejora en este ámbito, superior a la media de la UE deben ser acicates para un nuevo impulso. A partir de ahí, creo que debería aprovecharse el momento para reconducir decisiones improvisadas o discutibles del Gobierno central, como la supresión de facto del impuesto de patrimonio, el abandono de la reforma fiscal verde que se prometía en 2004, o la agonía del impuesto sobre sucesiones. En el ámbito autonómico, las responsabilidades en materia de gestión son comparativamente menores, pero la Xunta podría intentar imitar algunas figuras impositivas ensayadas con éxito en otros territorios, como los impuestos sobre residuos.

En el terreno del gasto la cosa es si cabe más difícil. En este caso, parece que habría que combinar varios tipos de actuaciones, todas ellas impopulares. En primer lugar, revisar objetivos y fijar nuevas prioridades. Por ejemplo, a lo mejor no es posible cumplir en 2015 con lo previsto en la Ley de Dependencia. Sería bueno asumirlo y dilatar el período de aplicación de la ley. Los análisis disponibles muestras que estamos hablando de algo que pesa mucho ya en los presupuestos autonómicos y que será difícil mantener los crecimientos explosivos que se registran desde 2006 en prácticamente todas las comunidades.

En segundo lugar, evitar ajustes genéricos. En contra de lo que piensan muchos observadores, me parece que no existe tanta grasa en el sector público. Aplicar congelaciones de plantilla en todos los departamentos y servicios, o aplicar recortes iguales sin analizar previamente necesidades y márgenes puede acabar afectando muy negativamente a los servicios públicos y la gestión de la cosa pública. Que nuestros gestores públicos aprovechen la crisis para remangarse, encontrar las ineficiencias, y reorganizar y reciclar los recursos humanos para sacarlos de donde menos falta hacen para llevarlos a donde el trabajo desborda a los empleados públicos. Una racionalización que los sindicatos de la función pública no deberían torpedear de entrada.