El fiscal investiga una operación urbanística que salpica al Ayuntamiento de Olesa

La fiscalía de delitos urbanísticos de Barcelona ha abierto diligencias por los delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias supuestamente cometidos en una operación que afecta a 15 hectáreas de suelo de Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), y que prevé construir más de 850 viviendas.

La investigación se ha iniciado tras la denuncia de un grupo de pequeños propietarios afectados por la operación, quienes acusan al Ayuntamiento, gobernado por el PSC, de favorecer los intereses especulativos de dos empresas constructoras de Terrassa (Vallès Occidental) en las que había trabajado un ex concejal socialista.

Según la denuncia de los vecinos, las sociedades Cadenar SL y Pimafacie SL, compraron a finales de 2007 unos terrenos calificados como de reserva viaria a un precio muy bajo. Unos meses después, el Departamento de Política Territorial de la Generalitat comunicó al Ayuntamiento de Olesa que había seleccionado la oferta del suelo público realizada por el Consistorio para construir un área residencial estratégica, en la que la mitad de las viviendas serían de protección oficial y el resto de mercado libre.

Según los denunciantes, el Consistorio actuó de espaldas al interés público y en connivencia con los constructores, a los que supuestamente habría alertado de la oferta de suelo y la posibilidad de revalorización de la inversión, pues al estar afectados los terrenos por la operación urbanística, sus propietarios tienen derecho a un porcentaje sobre la edificabilidad de la zona. Los vecinos denuncian, además, que el ex concejal socialista tiene una casa en la zona afectada, El Ayuntamiento de Olesa declinó ayer realizar cualquier valoración sobre los hechos y recordó que la fiscalía no se ha dirigido al Consistorio.

Los vecinos acudieron a la fiscalía el 2 de diciembre y el 25 de enero se les comunicó la apertura de las diligencias. El Departamento de Política Territorial de la Generalitat ha remitido a la fiscal de delitos urbanísticos los documentos solicitados sobre la tramitación de la operación, según aseguraron ayer fuentes del Gobierno a este diario.

Las 15 hectáreas de terreno están situadas a la entrada de Olesa, al pie de la carretera procedente de Abrera. Entre ambas poblaciones está previsto construir también una nueva variante y otra vía que comunique Olesa con la B-40 y la N-II. Los solares afectados pertenecen a unos 70 propietarios, al Ayuntamiento y al Fondo de Garantía Salarial, que en su día se quedó con la propiedad de un antiguo sector industrial. La mitad del suelo está en manos de cuatro grandes propietarios y el resto son personas con pequeñas edificaciones construidas hace décadas o propietarios de pequeños solares.

Los vecinos presentaron en su día recurso de reposición contra el planeamiento urbanístico de la zona alegando, entre otras cuestiones, que el 88,5% de la zona verde de la zona quedaba justamente al lado entre la futura carretera y las viviendas. Acusan a la Generalitat de dar "cobertura legal y política" a la actuación municipal.