Un ex espía británico entregó a los piratas el rescate del 'Alakrana'

Un ex espía británico fue el encargado de entregar el rescate que, el pasado 17 de noviembre, puso fin al secuestro del atunero vasco Alakrana, en poder de los piratas somalíes durante 47 días. La empresa montada por este antiguo agente secreto, asentado en el África oriental y especializado en operaciones delicadas, proporcionó la infraestructura necesaria, incluida la avioneta desde la que se arrojó el fardo con 2,7 millones de euros que permitió la liberación de los 36 tripulantes, 16 de ellos españoles. El operativo fue muy diferente al empleado con el Playa de Bakio, en abril de 2008, cuando los propios agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hicieron entrega del rescate con fondos adelantados por el servicio secreto y devueltos luego a plazos por el armador del buque.

Pero ¿quién contrató al ex agente británico? Y, sobre todo, ¿quién puso los 2,7 millones? Todo parece indicar que de nuevo hubo que recurrir a la caja fuerte del CNI -pues la policía no halló rastro de que el rescate saliera de las cuentas de la empresa dueña del barco-, pero será su director, el general Félix Sanz, quien tenga ocasión de explicarlo mañana, cuando comparezca a puerta cerrada ante la Comisión de Fondos Reservados del Congreso, que le ha citado para que informe sobre la liberación del Alakrana.

La comparecencia de Sanz llega en el peor momento. De un lado, porque el CNI está ahora implicado en la resolución de otro secuestro, el de los tres cooperantes catalanes capturados por Al Qaeda en Mauritania el pasado 29 de noviembre y que parece encaminarse hacia su desenlace. De otro, porque el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, tras la reapertura del sumario del Alakrana, ha reclamado al CNI la misma información que pide la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

En diciembre pasado, Sanz contestó al juez que no podía informarle de la participación del CNI en la liberación del pesquero por tratarse de una materia clasificada. En vez de reclamar su desclasificación al Gobierno, Pedraz se ha dirigido de nuevo al CNI para pedirle que le remita toda la información de que disponga sobre "la intervención de personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores como intermediarios o destinatarios finales del rescate pagado". Eso sí, matiza el juez, "salvando los principios que rigen su actividad [del CNI], sus procedimientos y sus medios operativos", clasificados como secretos por la ley reguladora de mayo de 2002.

El problema está en que dicha norma salvaguarda al CNI de las demandas del juez, pero no de las de los diputados. El artículo 11.2 de la misma señala que la Comisión de Fondos Reservados "tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas" como secretas. Y sólo contempla dos excepciones: "las relativas a las fuentes y medios del CNI y aquellas que procedan de servicios secretos extranjeros o de organizaciones internacionales". El general Sanz puede verse así en la tesitura de revelar a los diputados lo que, hasta ahora, ha negado al juez.