Blanco asume el peso político del pacto

José Luis Rodríguez Zapatero planteó el viernes, 12 de febrero, la necesidad de abrir una negociación con los grupos políticos para conseguir un acuerdo contra la crisis económica. Cuatro días más tarde, comunicó los nombres de los tres miembros del Gobierno que formarían la comisión encargada de esa misión. La inclusión en ella del ministro de Fomento, José Blanco, buscaba sumar a un negociador político, compensar las tendencias liberales de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y del titular de Industria, Miguel Sebastián y facilitar la interlocución con los nacionalistas como titular de las infraestructuras, según fuentes de La Moncloa.

Todos los viernes, el presidente se reúne en torno a unas tazas de café con sus ministros antes de la reunión del Consejo. El 12 de febrero, les expresó sus dudas sobre la manera de articular la propuesta de acuerdo que iba a presentar el miércoles en el Congreso a las otras formaciones políticas. Según les dijo, temía crear grandes expectativas en un tema tan sensible como la crisis y que luego no se cumplieran. Estaba convencido de que a Mariano Rajoy no le interesaba el acuerdo porque necesita la crisis como espacio de oposición.

El viernes 12, el presidente aún tenía dudas sobre cómo articular el acuerdo

Zapatero no impuso su presencia para no politizar mucho los encuentros

Manifestó que tampoco le gustaba la expresión Pacto de Estado, que el 8 de febrero planteó, por vez primera en relación con la crisis económica, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, por sus connotaciones grandilocuentes.

Durante el fin de semana, Zapatero realizó varias consultas individuales. El debate entre el presidente y sus ministros continuó en la reunión de maitines del lunes, 15 de febrero, en la Moncloa. A ella asistieron los miembros de su núcleo duro: los tres vicepresidentes (María Teresa Fernández de la Vega, Elena Salgado y Manuel Chaves), los números dos y tres del PSOE (José Blanco y Leire Pajín), el portavoz parlamentario (José Antonio Alonso) y su jefe de Gabinete (José Enrique Serrano).

El presidente dijo que había decidido no plantear un Pacto de Estado porque, además, había tres cuestiones clave que debían quedar fuera de una negociación con los partidos: los impuestos, las pensiones y la reforma laboral. Las dos últimas cuestiones ya tenían su cauce, el Pacto de Toledo y el diálogo social entre patronal y sindicatos. En el caso de los impuestos, Zapatero expresó que, a su juicio, no existe margen para rebajarlos, como plantea Mariano Rajoy.

Sus interlocutores le animaron a intentar un acuerdo limitado porque, según expusieron, había una demanda social favorable al pacto contra la crisis y porque, si salía adelante, contribuiría a fortalecer la imagen de España en el exterior, que había sido cuestionada en semanas anteriores. Zapatero insistió en la necesidad de que la propuesta tuviera un límite temporal para darle credibilidad. Todos coincidieron en que las posibilidades de un acuerdo con CiU y PNV eran factibles, del mismo modo que veían muy difícil que el PP se sumase al mismo.

En la reunión se pusieron sobre la mesa los asuntos más urgentes y susceptibles de acuerdo: la agilización del crédito en el sistema financiero, el plan de austeridad, la política industrial y la competitividad. Zapatero los seleccionó por su urgencia y por sus posibilidades de acuerdo. Para ello se pasó el fin de semana estudiando las propuestas de los grupos en los debates parlamentarios anteriores.

El presidente no dijo quién se iba a encargar de la interlocución con los partidos. Como no citó ni la comisión negociadora ni su composición, y habló en tono personal de la propuesta de acuerdo, algunos de los presentes interpretaron que iba a ser él mismo el interlocutor.

Pero su idea era otra. El presidente no quería politizar mucho los encuentros imponiendo su presencia, pero tampoco quería devaluarla. Por eso eligió una comisión gubernamental de alto nivel. El martes 16 comunicó los nombramientos individualmente a los interesados. También se los reveló a los integrantes de las reuniones de maitines.

Aunque la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, preside la mayoría de las comisiones del Gobierno y es la portavoz oficial del Ejecutivo, en el PSOE no llamó la atención que Zapatero no la convocara para esta comisión crucial. Por su carácter económico y porque apenas ejerce de portavoz.

Desde el verano, las voces del Gobierno se han multiplicado, como la del vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Pero, por encima de todos, quien viene ejerciendo ese papel es el ministro de Fomento, José Blanco.

Dada la importancia que Zapatero ha concedido a esta comisión, la interpretación general en el PSOE es que sus miembros son ministros que, a ojos del presidente, están muy fortalecidos. Pero nadie osa concluir que sea el embrión de un nuevo núcleo duro en el previsible cambio de Gobierno, tras la Presidencia europea.