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Barreda encabezará la manifestación contra el almacén nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, encabezará una manifestación contra la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que proyecta el Gobierno central. Preguntado por la movilización convocada por la Plataforma Anticementerio Nuclear en Guadalajara para el próximo día 27 de febrero, Barreda respondió con claridad: "Estaré presente".

La confirmación hace prever una singular imagen, la de un presidente autonómico socialista oponiéndose pancarta en mano a un plan del Ejecutivo de Zapatero. El Ministerio de Industria está pendiente de decidir sobre la ubicación del almacén que reunirá los residuos de todas las demás centrales, y que implica una inversión de 700 millones de euros. En el proceso, que podría resolverse este verano, han quedado finalistas ocho municipios: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra (Valencia).

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El presidente regional, que ya aprobó en las Cortes regionales una declaración contra el ATC, dijo confiar en las palabras del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de que la instalación irá a un lugar donde haya consenso, pero añadió que quiere estar seguro. "Creo que hay que mantener la guardia alta y la tensión para evitar que el almacén se coloque aquí". Barreda recordó lo que dijo el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan al ex presidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, cuando negociaban la retirada de los misiles: "Confío, pero verifico".

El debate sobre el ATC seguía ayer vivo también en Castilla y León. El Grupo Parlamentario Popular logró sacar adelante en las Cortes regionales, con el apoyo del Grupo Mixto y sin el respaldo del PSOE, una declaración de rechazo a la instalación de un almacén nuclear centralizado en Castilla y León siempre y cuando no se revise la decisión "caprichosa" del Gobierno central sobre el cierre de la central nuclear de Garoña, previsto para 2013, en la que se "hizo caso omiso" a las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre su prórroga.

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