Un juez deja sin casa a cinco jubilados que viven en un edificio degradado

Montserrat Rosselló, de 82 años, se pasa toda la tarde fuera de casa. Sólo así logra dejar de pensar en las cuatro paredes entre las que vive desde que se casó. Después de reclamar varias veces al administrador de la finca que iniciara las reformas para conservar el edificio, un juez ha dictaminado que tiene que dejar su piso, en el número 25 de la calle de Vallespir de Barcelona, porque está en ruinas. A cambio, los propietarios le ofrecen 8.000 euros de indemnización. En esa misma situación se encuentran cuatro familias más, tres de ellas formadas por jubilados, que no se creen lo que les ha pasado.

"Me voy a la calle. Eso sí, con 8.000 euros en el bolsillo, una fortuna", bromea Montserrat, la inquilina más antigua. "¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué piso voy a poder pagar con una pensión de 900 euros?". El juez Pascual Nuño de la Rosa y Amores no lo ve difícil. En una sentencia aliñada con graves faltas de ortografía, considera que los vecinos podrían encontrar pisos similares en la zona (de entre 70 y 80 metros cuadrados en el barrio de Sants) por sólo 700 euros.

El juez admite que los propietarios no hicieron ninguna reforma

"¿Dónde voy a vivir con mi pensión?", se pregunta una vecina de 82 años

Montserrat vive sola en el entresuelo del edificio. Su vecino, Felipe Roca, practicante jubilado, es el encargado de llevar el papeleo y ha fotocopiado la sentencia para repartirla a los demás vecinos. "El edificio no está en ruinas. Lo que está en ruinas es la mentalidad del juez y de los propietarios", afirma indignado. Desde 2005 los inquilinos reclaman reformas a los propietarios, que siempre han hecho caso omiso de sus demandas. De hecho, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona reconoce en la sentencia que la propiedad "no ha reparado ninguna de las deficiencias que presenta el inmueble" y añade que la vivienda "no adolece de vicios estructurales fatales aunque se halla en un proceso de degradación importante". El problema es que las obras que deberían realizarse superan el 50% del valor del edificio. Ese motivo, contemplado en la ley de arrendamientos urbanos, justifica el desalojo de la finca, que tiene 113 años.

"Los padres de los actuales propietarios jamás nos hubieran jugado esta mala pasada", asegura Montserrat. Ella y su marido conocían bien a los Puigpelat, una familia de Balaguer "muy agarrada, pero buena gente", recuerda. Regentaban el horno contiguo al edificio y una tienda que, en los últimos años, fue una joyería. Ahora ambos establecimientos están cerrados.

En la casa de Montserrat, el mayor problema es la cañería de su baño. Advirtió varias veces al administrador de que tenía un agujero y ahora las humedades ya le llegan a la sala de estar. "Son como las montañas de Montserrat", ríe.

Su vecino del entresuelo, en cambio, tiene el piso completamente reformado y el edificio, aunque está abandonado, no parece que esté a punto de caer. "Hay muchísimas fincas así en Barcelona", señala Felipe, que en 2008 ya colgó en su balcón varias pancartas en las que denunciaba el mobbing que sufría. La abogada de los vecinos, Vanesa González, presentó entonces una querella por amenazas que se archivó. Aun así, el Ayuntamiento instó a los dueños del edificio a tomar medidas para reformar la finca, pero la familia Puigpelat no acató el requerimiento. Y no sólo eso: demandó a los vecinos sin seguir el cauce habitual, consistente en solicitar al Consistorio la declaración de ruina. "Que se queden con los pisos, que hagan con ellos los que quieran, pero que me den a mí un apartamento pequeño donde vivir", reclama Montserrat.

Su hija pide lo mismo. Ella vive en el tercero con su hijo y su nuera, y como la mayoría de los afectados, ve el futuro "muy negro". Ellos son los únicos vecinos que quedan en el edificio y tienen todavía contratos de renta antigua. Felipe, por ejemplo, paga 218 euros al mes. Los inquilinos que ocuparon los otros cuatro pisos, hoy vacíos, no pudieron renovar su contrato.

La abogada de los vecinos recurrirá contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona porque considera que el desalojo es un perjuicio irreparable para las familias. "Si salen, nunca volverán", afirma. A pesar de que se toma este infierno con sentido del humor, Montserrat no confía en el recurso. "Los propietarios son gente mala y rica, y el dinero lo tapa todo", se conforma. Piensa que "no ha habido justicia" y que "como siempre, el pez gordo se comerá al pequeño". Felipe es más optimista, aunque no esconde su decepción. Él no quiere dinero ni un piso nuevo, pide "simplemente que los propietarios reformen el edificio". Y asegura que dará mucha guerra hasta que lo consiga para que "los políticos hagan algo" por ellos. Con sólo 8.000 euros "muchos caeremos en la indigencia", advierte. Montserrat es menos derrotista, pero no deja de preguntarse: "¿Cómo es posible que me tenga que ver así a los 82 años?".