Gobierno y Xunta acercan posturas para evitar el recurso a la Lei de Caixas

"La noticia es que hoy [por ayer]hemos hablado por fin, hemos expuesto nuestras razones y creo que la buena noticia es que seguimos negociando y negociamos con rapidez". Eran las primeras palabras del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, después de una reunión de más de tres horas, en la primera sesión negociadora entre la Xunta y el Gobierno para intentar evitar el recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Caixas. Un atisbo de optimismo que confirmaba su interlocutor del Ministerio de Política Territorial, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. "Manifiesto claramente la voluntad política del Gobierno de España de cooperar con Galicia para buscar un punto de encuentro que permita levantar el recurso y, por lo tanto, que entre en vigor la ley sin inconvenientes". Las dos partes insistieron en que sus diferencias están lejos del debate político: "En ningún caso el Gobierno de España pretende dar a la posición jurídica que mantenemos ningún tinte político. No hay ningún ánimo de agresión a la comunidad de Galicia", aclaró Zarrias. La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, lo confirmaba al apuntar que las conversaciones se mantuvieron en términos estrictamente jurídicos.

El cambio en los órganos de las cajas es "irrenunciable", dice la Xunta

El Ejecutivo gallego intenta salvar el gran escollo con una sutileza jurídica

En esa larga reunión, en la que participaron 15 personas en total, se discutieron todos y cada uno de los diez preceptos en cuestión: "Mañana [por hoy] pretendemos perfilar el borrador de las diferentes modificaciones que permitan a la Administración General del Estado quitar el recurso", avanzó Zarrías. Para ello es necesario que se trasladen esos cambios a un proyecto de ley, se apruebe en el Parlamento y se publiquen en el Diario Oficial de Galicia. "El ánimo con el que salimos es constructivo", insistió el portavoz del Ministerio.El asunto clave de la negociación son las dos disposiciones transitorias de la ley gallega que establecen la renovación urgente del 75% de las asambleas de las dos cajas. Con ese mecanismo, PP y BNG confiaban en formar una nueva mayoría en Caixanova y acabar con la negativa a la fusión del actual consejo de la caja del sur. Esas disposiciones están impugnadas por el Gobierno, que entiende, siguiendo la doctrina del Consejo de Estado, que una renovación del tal magnitud atenta contra la ley estatal, por cuanto ésta establece que los cambios en los órganos de las entidades de ahorro han de ser siempre parciales para preservar su estabilidad.

La Xunta trata de salvar ese escollo, el principal, ya que de él depende la posibilidad de la fusión, con una sutileza jurídica. La conselleira de Facenda explicó que la renovación prevista en la Lei de Caixas no se refiere a los órganos de gobierno (asamblea y consejo) sino a sus miembros. En ese caso, Fernández Currás sostiene que, con algunos retoques, que se debatirán hoy, la norma salida del Parlamento de Galicia "respeta perfectamente los preceptos de la Lorca [Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro] y las sentencias del Tribunal Constitucional". Con todo, la conselleira dejó sentado que "para el Gobierno gallego sigue siendo irrenunciable" la potestad de cambiar la mayoría de los actuales órganos de las cajas. La dificultad de salvar ese escollo fue subrayada también por fuentes próximas al Gobierno central, que insistieron en que el "margen de maniobra sigue siendo escaso".

Con todo, la conselleira se afanó en resaltar la sintonía entre las dos administraciones: "Las soluciones que se cogen a tiempo buenas soluciones son. El acercamiento se está produciendo con celeridad. Somos moderadamente optimistas en cuanto a los resultados que se puedan llegar a alcanzar en este proceso sin perjuicio de que no se ha aclarado si estamos ante la posibilidad de una modificación de la ley o bastaría un acuerdo interpretativo de los preceptos analizados". Aunque a juzgar por la postura del ministerio, la solución pasará por el cambio en la redacción de los artículos.

Hubo reproches mutuos de por qué no se discutió la ley antes: Zarrías lo achacó a la rapidez con que el Parlamento gallego le dio el visto bueno, y Rueda, sin entrar en detalles, aludió a que se habría podido evitar el recurso con una negociación anterior. Las dos partes también constataron otro de los principales obstáculos: la negativa del Gobierno a aceptar que la Xunta pueda vetar los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) entre cajas, las llamadas fusiones virtuales o frías.

Quizá porque no quería enseñar sus cartas antes de saber cómo jugaría el Gobierno, la conselleira de Facenda evitó pronunciarse por la mañana sobre el primero de los dos encuentros que mantendría a lo largo del día en el Ministerio de Política Territorial. En la mesa estaba el debate sobre si el fondo de rescate de la banca (FROB) invade o no competencias autonómicas, y en la mano de la Xunta, la posibilidad de presentar un recurso y abrir otro conflico institucional con Madrid. Fue una reunión que se prolongó durante hora y media, "positiva", según Fernández Currás, aunque en ningún caso definitiva. La Xunta ya tiene redactado el recurso y se sigue reservando la posibilidad de presentarlo ante el Constitucional, aunque le ha ofrecido al Gobierno que realice una redacción alternativa de la norma que garantice que las competencias sobre fusiones y disoluciones de cajas son de la comunidad autónoma.