El Consejo Fiscal critica la 'ley antidescargas'

El Consejo Fiscal considera "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual contemplada en la conocida como ley antidescargas de Internet que patrocina la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, pueda ponerse a la misma altura que otros bienes jurídicos protegidos como la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública o la no discriminación de la persona por razón de raza, religión, sexo, opinión...

El Consejo Fiscal, organismo asesor del Fiscal General del Estado, es una de las instituciones que tiene que informar el proyecto de ley de González-Sinde, al que ha formulado severas puntualizaciones.

El Consejo Fiscal entiende que si bien "la producción y creación literaria, artística, científica y técnica" está reconocida como derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución, hay que distinguir la producción y creación literaria, de los " derechos de propiedad intelectual", que no poseen tal privilegiada configuración constitucional, según el informe.

Respecto a la identificación del responsable del servicio, Consejo Fiscal señala que en principio no plantea ningún problema, pero en algunos supuestos puede ser necesario que los proveedores de servicos faciliten más datos. En esos supuestos, según el informe, la ley de conservación de datos exige autorización judicial.

Sin embargo, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión de la Propiedad Intelectual, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, ya que éstas requieren ineludiblemente autorización judicial expresa.

Regulación "confusa"

La regulación de la Comisión de Propiedad Intelectual "resulta confusa", según el informe, por cuanto en realidad parecen crearse dos comisiones: una para autorizar emisiones, propuestas de mediación o resolución de conflictos y la segunda, con "facultades de intervención directa en la prestación de los servicios" y con un "enorme potencial de incidencia invasiva en la esfera de derechos fundamentales".

Y nada se establece a nivel legal para ésta última. El Consejo Fiscal propone "un mayor nivel de precisión al respecto" basado en la imparcialidad.