Rajoy, a lo suyo

La delicada situación de la economía española (una recesión que no acaba de remontarse, una tasa de desempleo del 19%, un déficit público próximo al 11% que equivale a una economía de guerra y la amenaza de los mercados, que desconfían de la capacidad del Gobierno para estabilizar las finanzas públicas) recomendaba explorar la posibilidad de un pacto político para combatir la crisis. Un pacto en el que la oposición apoyase las medidas urgentes necesarias para mitigar la recesión y recuperar la confianza perdida de los inversores, como el plan de recorte de gasto público, la reforma del sistema financiero o la reforma laboral. Pero el PP se resiste a formar parte de una concertación política. Arguye, por boca de Dolores de Cospedal, que un pacto sólo sería posible "si se bajan los impuestos y se aplica un auténtico plan de austeridad".

El PP se escuda, como en otras ocasiones, en imponer condiciones inaceptables. Es verdad que las condiciones de financiación y la insostenible situación del déficit obligan a elaborar un drástico plan de austeridad en el que estén involucrados el Gobierno central y las comunidades autónomas. Por eso, porque el PP gobierna en varias comunidades autónomas, era importante su ayuda activa en ese recorte de gasto. Pero lo que en estos momentos pide a gritos la economía española es un ajuste de rentas que tendrán que sufrir las instituciones y los ciudadanos, los empresarios y los trabajadores. Y por esa razón, un Gobierno consciente de la debilidad de la estructura fiscal no puede comprometerse a no subir impuestos. De hecho, no es descartable la hipótesis de que los ambiciosos planes de austeridad no tengan éxito y haya que recurrir a subidas de impuestos especiales e indirectos para reforzar la solvencia de la deuda española.

La táctica del PP es equivocada y seguramente le pasará factura en las urnas. Tiene votos que ganar si apoya las medidas inexcusables para combatir la recesión (recorte del gasto, reforma financiera, reforma laboral) dejando la dirección de la política económica al Gobierno y, por tanto, los costes políticos de sus errores; emitiría un mensaje de sensatez, es decir, de capacidad de gobernar. Una concertación política debe fundarse en el aval público de la oposición en las grandes líneas de acción económica en la que todos los partidos pueden ponerse de acuerdo. En una situación de prealarma económica, hacer cuestión de las diferencias equivale a desentenderse de la defensa de la solvencia española en el exterior.

La posibilidad de pacto anticrisis sigue abierta; es posible que las declaraciones de la secretaria general del PP respondan a la táctica de endurecer el debate para después sentarse con el PSOE para debatir un frente político común contra los efectos de la recesión. El PP y los partidos nacionalistas pueden hacer mucho para alentar la reestructuración de las cajas de ahorros y reducir el gasto autonómico. Por eso son corresponsables de la imagen exterior de la economía española.