¿Qué le pasa a la economía española?

Al igual que le sucede a todos los países avanzados, España está sufriendo con severidad la actual crisis económica internacional. Tras un largo periodo de crecimiento, la recesión está poniendo de manifiesto vulnerabilidades de la economía española que exigen reformas de gran calado. Aunque en 2009 se contrajo menos que la media europea, la economía española registra la mayor tasa de desempleo de los países avanzados (más del 19%) y algunas voces han empezado a poner en duda la sostenibilidad de sus cuentas públicas, lo cual está llevando a un incremento del coste de financiación de su deuda. Este alarmismo se basa en que las perspectivas de crecimiento para los próximos años son peores que las de la mayoría de los países avanzados y en la percepción de que el Gobierno no está convencido de querer incurrir en el coste político que supondría embarcarse en el programa de reformas estructurales necesarias.

La crisis financiera global pinchó la burbuja inmobiliaria y disparó el desempleo

Los empleos deben ser de alto valor añadido, y para eso es precisa una reforma de la educación

España, además de enfrentarse a la crisis financiera global, ha sufrido la explosión de una burbuja inmobiliaria, tiene mercados poco flexibles, una productividad reducida y no cuenta con una sólida base productiva, intensiva en conocimiento, capaz de reemplazar al sector inmobiliario como fuente de crecimiento. Además, durante los años del boom económico acumuló una pérdida de competitividad que no le permite, ahora que su demanda interna está cayendo, recurrir a la demanda externa para recuperarse. Por último, aunque su pertenencia al euro ha supuesto un paraguas de estabilidad, ya no puede utilizar la tradicional devaluación para impulsar sus exportaciones. Por todo ello, está teniendo más problemas que otros países para dejar atrás la recesión. Sin embargo, quienes pronostican que tendrá problemas para hacer frente a su deuda o que es un peligro para la zona euro están equivocados. Veamos por qué.

La crisis financiera puso fin a 14 años de crecimiento en los que España completó su modernización, se convirtió en uno de los mayores inversores en el exterior, redujo su inflación y su deuda pública y consolidó políticas macroeconómicas responsables. Sin embargo, esta expansión generó tanto un boom inmobiliario como un abultado déficit por cuenta corriente (10% del PIB en 2008), causado tanto por el diferencial de inflación entre España y sus socios comerciales de la zona euro como por el lento crecimiento de su productividad laboral.

El colapso financiero global pinchó la burbuja inmobiliaria española, redujo drásticamente las posibilidades de financiación exterior y disparó el desempleo a gran velocidad. El importante superávit público (superior al 2% del PIB) que España había logrado alcanzar antes de la crisis se esfumó rápidamente y se convirtió en 2009 en un déficit público del 11,4%. Este aumento del déficit ha sido el resultado tanto del funcionamiento de los estabilizadores automáticos (menor recaudación fiscal y mayor gasto público, sobre todo vinculado a las prestaciones por desempleo) como de los programas de estímulo fiscal discrecional que el Gobierno ha puesto en marcha, que han tenido cierto éxito en suavizar el impacto adverso de la crisis sobre la actividad y el empleo durante 2009. Sin embargo, será imposible mantenerlos en el futuro porque es necesario avanzar en la consolidación fiscal.

Por todo ello, la situación económica española es difícil. Sin embargo, las voces alarmistas que pronostican que no podrá hacer frente a su deuda o que será junto a Grecia y Portugal un peligro para la zona euro tienen poco fundamento. A pesar de las dificultades actuales, como España redujo de forma drástica su ratio de deuda sobre el PIB antes de que estallara la crisis todavía tiene cierto margen de maniobra para financiar su déficit público, algo que le sucede también a Irlanda, pero no a Grecia. Además, el Gobierno ha puesto en marcha medidas de ajuste con el fin de recortar su déficit y situarlo en el 3% exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2013. Esto significa que, por el momento, España no debería tener problemas para hacer frente a los vencimientos de su deuda pública y podrá colocar sin dificultades nuevos títulos en los mercados cuando sea necesario, aunque tendrá que hacerlo a un mayor coste que en años anteriores. Aun así, es esencial que aproveche la ventana de oportunidad que se ha abierto con la crisis para abordar las reformas que hagan que su crecimiento sea más equilibrado una vez que la crisis haya pasado. Algunas de estas reformas deberían haberse abordado en el pasado. Lo esencial ahora es no demorarlas más.

El Gobierno se enfrenta al reto de avanzar en dos frentes socialmente impopulares al mismo tiempo: el de la consolidación fiscal y el de las reformas estructurales. En el primero ya ha comenzado a tomar medidas, aunque con cierto retraso. En 2009 se anunció una subida de impuestos que entrará plenamente en vigor a mediados de 2010. Aunque la medida es necesaria porque la crisis inmobiliaria ha reducido de forma permanente los ingresos públicos, si se aplica antes de que la economía comience a crecer podría ser contraproducente, ya que dificultaría la recuperación. Por otra parte, el Gobierno ha anunciado un plan de austeridad con el que pretende ahorrar 50.000 millones de euros hasta 2013 y que se enmarca en unos presupuestos restrictivos para 2010. Sin embargo, existen dudas sobre qué partidas se verán afectadas, no está garantizado que los Gobiernos regionales vayan a reducir sus gastos y además es posible que el recorte sea insuficiente porque cabe la posibilidad de que se vuelvan a sobreestimar los ingresos públicos para los próximos años, como ya sucediera en 2009. Por ello, el Gobierno podría verse obligado a rebajar los salarios de los empleados públicos, como ya ha hecho Irlanda, aunque intentará evitarlo para no provocar un conflicto abierto con los sindicatos. Por último, se ha anunciado una reforma del sistema de pensiones, que retrasaría la edad de jubilación hasta los 67 años, dando así un respiro a las cuentas públicas. Esta medida es necesaria, pero debería haberse abordado antes, ya que no responde a la crisis financiera sino a los cambios demográficos y al aumento de la esperanza de vida en España (y en toda Europa). Aun así, si el Gobierno logra sortear los obstáculos políticos y consigue aprobarla, facilitará la consolidación fiscal a largo plazo.

Más allá de que estas medidas sean importantes para disipar las dudas que los mercados financieros internacionales podrían tener sobre la economía española, lo esencial es abordar las reformas estructurales pendientes. Ya se han producido algunos avances en este sentido: además de la citada reforma de las pensiones, se han aprobado la Ley de Economía Sostenible y la trasposición de la directiva europea de liberalización de servicios. Ambas intentan dinamizar la actividad económica eliminando trabas burocráticas, aumentando la competencia en el sector servicios, reduciendo los incentivos fiscales a la compra de vivienda (que en buena medida generaron el boom inmobiliario) e impulsando la I+D+i. Además se acaba de abrir el debate sobre la reforma laboral, que es esencial para reducir la dualidad del mercado de trabajo español, modificar la negociación colectiva y permitir que los salarios estén alineados con la productividad. Sólo así se logrará que una vez que termine la crisis la tasa de desempleo no permanezca en niveles elevados durante muchos años. Por último, es necesaria una reforma integral de la educación porque para crear empleos que generen alto valor añadido es necesario hacer un esfuerzo por mejorar la formación a todos los niveles. España ya no es un país de salarios bajos, por lo que debe mejorar su dotación de capital humano en vez de seguir invirtiendo en capital físico.

La mayoría de estas reformas exigirían pactos de Estado. Sin embargo, dada la tensa situación política, por el momento no parece que esto vaya a ser posible. Por ello, el Gobierno debe tener el coraje de abordar medidas que sin duda serán impopulares pero que son necesarias para asegurar el crecimiento económico a largo plazo. Éste es sin duda el principal reto económico al que se enfrenta España.

Federico Steinberg es investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.