Tejer y destejer

El Gobierno ha decidido poner en sordina el debate sobre el futuro de las pensiones que con tanta determinación había abierto dos semanas atrás. Después de comprobar la ausencia de consenso en el propio gabinete y el rechazo radical de los sindicatos, hostiles a ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión de cada jubilado, se ha acogido al pretexto de que no es el momento más adecuado para plantear el debate sobre la viabilidad del sistema y que queda mucho tiempo antes de que aparezcan síntomas de crisis en el balance de la Seguridad Social. Con este razonamiento, que encubre el temor de que una reforma de las pensiones costaría votos y quizás una huelga general, ha organizado una notable confusión sobre una de las medidas más convincentes que la vicepresidenta Salgado podía esgrimir ante los inversores para defender la solvencia a medio y largo plazo de la economía española. Queda en firme sobre la mesa, sin embargo, la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años.

El momento elegido para plantear el debate sobre los problemas financieros que tiene el sistema de pensiones a partir de 2020 era tan bueno como otro. De esa fecha en adelante, el sistema corre el riesgo de caer en déficit estructural, que no se podrá corregir sin cambios en un plazo razonable. Si entre los miembros del Ejecutivo no existía suficiente acuerdo como para un debate de estas características, lo adecuado hubiera sido no suscitarlo el último viernes de enero; de esa forma no se hubieran frustrado ahora las expectativas de un cambio financiero en el sistema. Lo que en España, sea por razones de calendario o por falta de acuerdo en el Consejo de Ministros, casi siempre se abandona.

El peor daño que causa este tejer y destejer no es de consumo interno, sino por la incertidumbre y la desconfianza que provoca entre los inversores. El presidente del Gobierno mencionó ayer una supuesta conjura de los mercados contra el euro o contra la economía española. No necesita ir tan lejos ni recurrir a complots de guardarropía. La deuda española pierde credibilidad cada vez que un responsable político se desdice de lo que dijo antes con rotundidad (caso de las pensiones); y se resiente cuando se presentan planes de austeridad en los que se fía parte de la recuperación de ingresos a tasas de crecimiento del 3% en 2012 o se dan como razonables recortes de gastos de 50.000 millones sin eliminar una sola dirección general en la tupida maraña administrativa.

La responsabilidad no queda circunscrita en el Gobierno. El Partido Popular también es corresponsable de la desconfianza de los mercados hacia la economía española. "El problema no es la economía española, sino Zapatero", clama Rajoy sin caer en la cuenta de quién es el rostro y representación del país. Los mercados perciben la destructiva política de la oposición como un factor más de inestabilidad económica; y también que Rajoy no dispone de una política económica articulada, sino tan sólo de cuatro lugares comunes e ideas genéricas.