Los alcaldes logran que la sindicatura no les pueda multar

La nueva ley de la Sindicatura de Cuentas que, junto con la ley electoral, fueron presentadas por el Gobierno catalán como uno de sus principales activos contra la corrupción, superará hoy el primer trámite. El consejo de Gobierno dará esta mañana luz verde a un proyecto que, si bien aumenta los controles sobre las administraciones públicas, no es todo lo ambiciosa que quería el tripartito y los profesionales de la propia Sindicatura, el ente fiscalizador de las cuentas públicas de Cataluña. Presionado por muchos alcaldes, el Gobierno catalán no dará, finalmente, potestad a este ente para multar a los ayuntamientos opacos. El anteproyecto de ley, que ahora comienza un largo recorrido parlamentario, permitirá sacarle los colores a los ayuntamientos que no presenten sus cuentas o lo hagan fuera de plazo. Además de hacer público quién incumple las normas, la sindicatura podrá elaborar una suerte de listas negras de municipios a los que se les denegarán las subvenciones.

Lo que no permitirá la ley será imponer multas, y eso que en alguno de los borradores de la ley se preveían sanciones de hasta 50.000 euros. Se confirman así los temores de la Sindicatura de Cuentas, que entiende que las presiones de los alcaldes han funcionado a la perfección. Muchos ediles han expresado, más en privado que en público, que la ley llevaba a un exceso de burocratización.

La incapacidad para multar dejará en una situación de más debilidad a este organismo, aunque fuentes del mismo insisten en que lo verdaderamente efectivo para forzar la transparencia municipal es dejar a un alcalde sin subvenciones. Además, estas fuentes recuerdan que si se tiene que multar lo puede hacer el Tribunal de Cuentas.

Con todo, la redacción de la ley ha ocasionado fricciones entre Gobierno y sindicatura, un organismo que en los últimos meses ha censurado duramente varias actuaciones del Ejecutivo catalán como la construcción del Hospital del Baix Llobregat, en el que se han detectado graves irregularidades, y en la gestión del Servicio de Emergencias Médicas.

En este contexto, cuatro de los miembros de la sindicatura, entre ellos su máximo responsable, Joan Colom, afrontan las próximas semanas su final de mandato. La renovación de los miembros propuestos por el PSC, CiU, PP e ICV se tendrá que hacer durante este mes. Si los grupos lo deciden, los síndicos pueden repetir en el cargo; también su presidente. Fuentes de la dirección del PSC afirmaron ayer que todo está en el aire, pero que, por ahora, no hay voluntad de practicar una renovación a fondo.