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4.000 afectados por el amianto siguen sin recibir el apoyo prometido

La Generalitat dijo en 2007 que vigilaría a todos los trabajadores del mineral

Unas 6.000 personas corren el riesgo de sufrir enfermedades por haber trabajado en el pasado con amianto en Cataluña. Este dato lo lanzó en 2007 la Generalitat, que prometió crear un registro de potenciales víctimas, hacer un seguimiento de su salud y atenderlas lo más rápido posible si desarrollan alguna de las graves secuelas asociadas al amianto (tumores, problemas respiratorios, etcétera).

Tres años después, sólo un tercio de los 6.000 afectados forman parte de ese registro. "Lo elaboramos a partir de las empresas que han trabajado con amianto. Nos ponemos en contacto con ellas y deben facilitarnos la lista de trabajadores que pudieron intoxicarse", cuenta Josep Lluís Peray, coordinador para la creación de la Agencia Catalana de Salud Pública de Cataluña y responsable del registro. El problema es que, a pesar de los esfuerzos que dice haber hecho la Administración, sólo el 30% de las empresas ha colaborado, pese a que se supone que están obligadas a hacerlo. A partir de ahora, advierte Peray, la Generalitat será más dura y exigirá la cooperación de las empresas, a las que amenaza con sancionar si no lo hacen.

Para los afectados por este mineral -prohibido desde 2002 porque sus fibras, al inhalarse, se incrustan en los pulmones y tardan entre 10 y 40 años en causar las enfermedades- la culpa no es sólo de las empresas. "La Administración no se lo toma en serio. Si lo hiciera de verdad, los registros podrían hacerse cruzando datos estatales, entre el Ministerio de Trabajo, que sabe qué empresas usaron amianto, y el de Sanidad, que podría facilitar las altas de la seguridad social de quienes trabajaron allí", razona Juan Carlos Paúl, presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto.

La asociación de víctimas de Cerdanyola y Ripollet (Vallès Occidental) coincide en esta crítica. "Es por dinero. La Administración sabe que si agiliza los trámites, deberá haber indemnizaciones y ayudas. Y eso es mucho dinero", denuncian. Incluso el despacho progresista de abogados Colectiu Ronda avala la tesis. "Las administraciones no actúan porque no quieren. Esperan y esperan, y los afectados van muriendo", dice con dureza Miguel Arenas, abogado de esta organización, que representa legalmente desde la década de 1970 a trabajadores afectados. Asegura que ni siquiera sería necesario coordinarse con el ministerio. "Sólo acudiendo al hospital Parc Taulí, en Sabadell, conseguirían cientos de nombres", razona.

Peray insiste en que el sistema de comunicación a las empresas es el más eficaz y evita el laborioso ejercicio de quitar de los listados completos de trabajadores a aquellos que no trabajaron a pie de fábrica.Cuando agoten la vía de exigir datos a las empresas, dice Peray, emprenderán otras. Si el registro es la mejor opción, ¿por qué la Generalitat ha esperado tres años para ponerse dura con las empresas? Peray lo achaca a problemas de recursos. Su capacidad, se justifican, era limitada.

Tras la adscripción de las unidades de salud laboral (encargados del seguimiento de los pacientes y hasta ahora, cada una dependiente de diferentes estamentos) a la Agencia Catalana de Salud Pública, dispondrán de más dinero. "Y seremos más eficaces", promete Peray. También abrirán la posibilidad, con la ayuda de los sindicatos, de que trabajadores que sepan que corren riesgo se apunten de manera individual, mientras consiguen obligar a las empresas.

Los sindicatos son bastante críticos con el registro. Para empezar, sólo recoge los casos de ex trabajadores y no los centenares de enfermos causados por inhalar el mineral en las calles o de las ropas de los trabajadores, como ocurrió en Cerdanyola (ver EL PAÍS de ayer). Además, señalan, reciben poca información desde la Generalitat. "Sabemos que hay alguna empresa que lo está haciendo mejor, como Alstom. Pero otras no se han implicado", señala un responsable de salud laboral de CC OO.

Peray asegura que, después de casi tres años, ha llegado el momento de lanzar una ofensiva para que el registro se complete y los inscritos reciban seguimiento médico. "Vamos a perseguir a las empresas que no han contestado. Les volveremos a advertir. Si no facilitan los datos, a lo largo de 2010 tomaremos represalias, porque están obligadas por ley", advierte. Insiste en que las cifras son aproximadas. Pero reconoce que queda mucho por hacer. Y el problema es que el amianto es tremendamente peligroso, porque actúa en silencio. Una vez que se instala en los pulmones es como una espada de Damocles que pende sobre las víctimas durante lustros. "La asbestosis ha estado siempre, pero los casos de cáncer de pulmón más graves empiezan a aparecer más ahora, después de 20 y 30 años", señala Arenas.

"Por eso es esencial encontrar a las posibles víctimas, aunque hayan cambiado de domicilio o de ciudad. Para que sigan un seguimiento médico riguroso que permita actuar al menor síntoma", dice el representante de las víctimas, Paúl. También, según él, se debería crear un fondo estatal para compensar a los afectados. Y un registro de viviendas que contenga este material (en Cataluña hay cálculos de sindicatos que hablan de hasta de 19.000 casos). De momento, esas ideas no están sobre la mesa. Las asociaciones, aseguran, ya sólo confían en los tribunales. Y según del juez, ni eso.

Una condena novedosa

Inmaculada López no se atreve a cantar victoria. Un juzgado de Barcelona le ha dado la razón y Endesa deberá pagarle una indemnización de 55.068 euros porque su padre falleció a causa del amianto de la central térmica de Badalona, donde trabajó. Según CC OO, que la ha representado, la sentencia es vital, porque, por primera vez, no condena a un productor de amianto, más común, sino a Endesa, que lo usaba en su maquinaria. Inmaculada sigue sin querer celebrarlo. Sabe que Endesa recurrirá. Aun así, no se rinde. "Mi padre al principio no quería denunciar. Decía que se lo debía todo a esa central" recuerda. Cuando ya estaba muy enfermo, dice, se dio cuenta de que lo que le debía era la muerte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de febrero de 2010

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