Corbacho pone abril como tope para el acuerdo con sindicatos y patronal

Con la economía y la gestión de la crisis en tela de juicio, el Gobierno quiere sacar adelante cuanto antes la reforma laboral pendiente. Máxime cuando tiene asumido que la zozobra económica es tal que los resultados del proceso abierto el pasado viernes no bastarán para resolver todos los problemas del mercado de trabajo español, según dio ayer a entender el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. El calendario con que trabaja éste para tener listo un acuerdo es, como tarde, a finales de abril, por lo que insta a empresarios y sindicatos a negociar "con intensidad" desde ya mismo.

"La crisis es tan profunda que no se arreglará con una sola reforma y seguramente habrá que hacer otras", reconoció ayer Corbacho, en un acto en Barcelona organizado por el Partit dels Socialistes Catalans (PSC), en el que insistió en que el primer problema en materia laboral es la "altísima temporalidad", no el coste del despido. "La situación económica nos obliga a acelerar los trabajos", enfatizó. Arrancarán la próxima semana, y, para el ministro, sería "razonable" que estuvieran listos en "un par de meses o tres". Confió en un "buen pacto".

El Gobierno buscará "el máximo consenso" en el retraso de la edad de jubilación

¿Ampliar los años para calcular la pensión? "No hay propuesta", dice

El ministro asume que un pacto laboral no bastará para frenar la crisis

Ve razonable recuperar incentivos al contrato con despido de 33 días

Valga decir que el coloquio organizado por el PSC se alargó casi cuatro horas debido al alud de intervenciones, la mayoría de ellas de militantes. Hubo pocas sobre la reforma laboral y muchas, y algunas apasionadas y críticas, sobre el polémico retraso en dos años de la edad legal de jubilación y la confusión sobre si el Gobierno quiere ampliar el número de años, más allá de los 15 actuales, para calcular la cuantía de la pensión. Fue un botón de muestra de lo complicado que le resultará a José Luis Rodríguez Zapatero evitar que las declaraciones conciliadoras cosechadas en las últimas horas con sus líneas maestras para la reforma laboral se descontaminen del recelo y las protestas sindicales anunciadas ante su propuesta de pensiones.

El ministro admitió fallos del Gobierno a la hora de explicar lo que pretende. "Si lo hubiéramos explicado muy, muy bien es evidente que no se hubiera armado este revuelo". Así que intentó zanjar el asunto con varias aclaraciones: la primera, que retrasar legalmente la edad de jubilación de 65 a 67 años "no es ningún decreto ley", sino una "propuesta para el debate en el seno del Pacto de Toledo", en el que se buscará "el máximo consenso posible". Además, el Gobierno lo plantea como "un acto de responsabilidad" ajeno a la crisis, que se explica por el envejecimiento de la población. Y finalmente, que "no hay ninguna propuesta" para alargar el tiempo de cálculo de la pensión. "¡Que no se instale la idea de que van a ser 20 años o más!", exclamó. Es sólo, precisó, "una materia a discutir".

El Plan de Estabilidad que el Gobierno ha enviado esta semana a Bruselas afirma que "se propone ampliar el número de años computados para calcular la pensión", aunque ha desaparecido la alusión el "ejemplo", en palabras de la ministra Elena Salgado, de que ampliar el tiempo de 15 a 25 años ahorraría un gasto de casi 4 puntos del PIB en pensiones.

La ruptura de confianza con los sindicatos y la polvareda política que ha provocado el embrollo de las pensiones parece haber sido una lección y el Gobierno no quiere patinazos al enfrentarse ahora a la reforma laboral. De ahí la escenificación, la noche del viernes, del inicio del diálogo con empresarios y sindicatos, con el presidente Zapatero al frente. Y de ahí también el esmero de Corbacho de ayer, al evitar presentar sus ideas como propuestas cerradas, más allá de objetivos como la necesidad de penalizar la temporalidad o de atravesar las crisis con menos despidos y más suspensiones temporales de empleo y reducciones de jornada.

"El Gobierno no quiere anticipar una posición que marque la discusión. Quiere ir a la mesa de negociación de otra manera, diciendo que sería bueno corregir la temporalidad y viendo las alternativas", apuntó, en una conversación con este diario. Corbacho consideró "curioso" que los empresarios hablen de abaratar el despido "y luego hagan la mayoría de contratos fijos por las modalidades más caras", en alusión del contrato ordinario, que en caso de despido improcedente tiene una indemnización de 45 días por año trabajado. De ahí su intención de "mejorar el funcionamiento" del contrato de fomento del empleo, consensuado ya en 1997 para una larga lista de colectivos y que prevé una indemnización por despido más baja, de 33 días. En 2009 sólo se aplicó en un 17% de contratos. Trabajo desearía que este contrato se convierta en posible "alternativa" al contrato temporal, para dar garantías y estabilidad al empleo.

Preguntado sobre cómo lo hará -si ampliando su aplicación al colectivo de hombres de entre 30 y 45 años, o bien con mayores incentivos a su uso-, Corbacho dio otra pista: "En 2006 se introdujeron bonificaciones a este contrato para convertir empleos temporales en fijos. Dio buenos resultados. Las bonificaciones estuvieron vigentes hasta principios de 2008. Y ya no lo están. Sería razonable que se discutiera", dijo.