La agenda oculta de la negociación

La solemnidad de La Moncloa ha coloreado el prisma desde el que los agentes sociales observan al Gobierno. Los recelos de empresarios y sindicatos a que el Ejecutivo mostrara sus cartas de reforma laboral se disiparon tras un par de horas de charla con el presidente el pasado viernes. Tanto CEOE como UGT y Comisiones Obreras salieron del encuentro satisfechos con el documento que guiará los cambios laborales. Más que mérito del presidente, la buena actitud de los agentes sociales obedece a la vaguedad del texto entregado.

Pero esas consideraciones tan genéricas encierran puntos de fricción que emergerán en cuanto los negociadores arranquen el diálogo. El más evidente, por la insólita claridad con la que aparece en el texto, se refiere a la contratación temporal. El Gobierno aboga por encarecerla, y no sólo aumentando la cotización o la indemnización que se abona al finalizar el contrato, sino de una forma hasta ahora desconocida: trasladando a las empresas más aficionadas a la temporalidad los costes del desempleo que sus trabajadores generan. Esta medida recibirá el aplauso de los sindicatos, pero no el de la patronal, reacia a incrementar los costes asociados a cualquier contratación. Tampoco gustará a la CEOE que se endurezcan los motivos por los que una empresa puede recurrir a un empleo temporal (en la práctica no hay que justificarlos).

El punto de fricción más claro es la idea de encarecer el contrato temporal

El enfado de los sindicatos vendrá por la que constituye la principal novedad de este proceso: la ampliación del contrato indefinido con despido más barato. Constatado el "escaso uso" de esta modalidad -33 días por año trabajado de indemnización frente a los 45 ordinarios-, el Ejecutivo se inclina por ampliarlo. El planteamiento resulta espinoso, pues ese contrato ya cubre a jóvenes, mujeres, parados de larga duración, con cargas familiares, trabajadores mayores de 45 años y discapacitados. En realidad, casi el único colectivo excluido son los hombres de 31 a 44 años, por lo que extenderlo supondría generalizar ese contrato indefinido.

Hay otra referencia más difusa al despido que amenaza también con disgustar a los sindicatos. Se trata de la pretensión de regular mejor el despido por causas económicas, que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado. Bajo esa intención subyace el hecho de que muchas veces las empresas reconocen un despido como improcedente aunque haya razones económicas que lo respalden, porque el proceso es tedioso y prefieren ahorrárselo. La patronal aprobaría un paso en esta línea, pero sin dificultar la fórmula de despido fácil consistente en depositar la indemnización al trabajador y olvidarse del proceso judicial.

CC OO y UGT opondrán parecida resistencia a la intención del Gobierno de allanar el terreno a las empresas de trabajo temporal, que ahora tienen vedado el acceso al sector público y a la construcción. También a que éstas u otras agencias privadas intermedien en los contratos fijos, algo hasta ahora reservado a los servicios públicos de empleo, que se muestran ineficaces en esa labor.

Aunque todas las partes están de acuerdo en reordenarlas, la reforma de las bonificaciones soliviantará a la CEOE. Porque el documento admite que las "restricciones presupuestarias obligan a un diseño más eficiente", lo que invita a pensar en un recorte de esos 3.000 millones de euros que anualmente reciben las empresas por contratar. El Ejecutivo pretende concentrar las ayudas, ahora generalizadas, en jóvenes, discapacitados y víctimas de la violencia machista. Los empresarios rechazarán perder dinero, especialmente en momentos de apuro. La capacidad del Ejecutivo para casar las cesiones de unos con las victorias de otros determinará el éxito del diálogo social.