Los agentes sociales arropan a PP y BNG en la batalla con el Gobierno

El Parlamento de Galicia fue testigo ayer de una estampa infrecuente. PP, BNG, sindicatos y patronal, juntos contra el Gobierno central y su recurso a la ley de cajas de Galicia, escenificaron su postura común con la firma de un manifiesto con el título de Galicia ten dereito, en el salón del Estatuto del Pazo do Hórreo. Sólo el PSdeG estuvo ausente.

Sentados en el centro de una mesa que ocupaba casi todo el ancho del salón, el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, y el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez presidieron con semblante grave el acto, flanqueados por el presidente de la patronal gallega y representantes de UGT, CC OO y CIG. "El recurso [del Gobierno estatal] favorece la deslocalización de las cajas", afirmó Vázquez, que ve en la actitud de Madrid "un intento de avasallar nuestra soberanía". En términos similares se expresó Rueda: "No nos vamos a quedar callados", aseguró, y reclamó el derecho de Galicia a una caja fuerte que está de acuerdo en mantener "la mayoría de la sociedad".

El primero en intervenir fue, sin embargo, el secretario general de la CIG, Suso Seixo, que censuró la "falta de sensibilidad" del Gobierno y el "atropello de graves consecuencias" que supone la paralización de la ley, cuya impugnación aprobó ayer el Consejo de Ministros. Pese a que UGT y CC OO no enviaron a sus máximos representantes, tanto Carlos Pardo, secretario de Desarrollo Organizativo de CC OO, como Irene Martínez, responsable de organización de UGT, coincidieron en que el rechazo a la ley esconde el "peligro mayor" de la "bancarización" de las cajas, proceso del que una fusión no gallega sería el primer paso.

"No podemos perder las cajas gallegas en este momento", apuntó, por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, que destacó la "grave situación de las pymes" y describió el recurso como una medida de presión del Gobierno para "obstaculizar" los cambios en el mapa financiero de la comunidad.

El texto en cuestión califica el recurso de "desalentador" y lo critica porque "puede colocar [a las cajas] en una situación idónea para que sean absorbidas por entidades foráneas". A continuación afirma el derecho de Galicia "a mantener un sistema financiero eficiente al servicio del país" y a que el Estado respete el autogobierno. En este sentido, el manifiesto critica que el Gobierno central aplique a Galicia un "tratamiento autonómico de segunda" e impugne la norma gallega, cuando no puso objecciones a las leyes de cajas de Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Por último, afirma que es lícito que la comunidad promueva una fusión "paritaria" que dé lugar a una caja "solvente como mejor garantía para sus trabajadores".

Quizás para manifestar el compromiso de sus partidos con el pacto, Rueda y Vázquez fueron acompañados de destacados miembros de sus grupos. Así, Pedro Puy, Antonio Rodríguez Miranda y Manuel Ruiz Rivas, por el PP, y Carlos Aymerich, Fernando Blanco y Montse Prado por el BNG, respaldaron con su presencia la firma del manifiesto.