El Gobierno exige a la Xunta que se pliegue a todas sus condiciones

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova está más lejos que nunca. El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la nueva Lei de Caixas con la que la Xunta, apoyada por el BNG, pretendía impulsar la integración de las dos entidades pese a la oposición de los actuales dirigentes de la caja con sede en Vigo. El recurso paraliza de inmediato el proceso ya iniciado para renovar en dos meses el 75% de los órganos de gobierno de las entidades e impulsar con los nuevos directivos la creación de una caja única. La operación tiene el respaldo de populares, nacionalistas, patronal y sindicatos, pero no del PSdeG, que rechazó en el Parlamento la reforma de la ley.

Feijóo evoca el Estatuto do Aldraxe en su defensa de las cajas gallegas "

No hay absorción", precisa en Vigo, a cuatro días de la manifestación

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -que hoy se verá con Feijóo en Santiago para hablar de la presidencia europea- esgrimió ayer en Madrid que la norma gallega otorga a la Xunta competencias que no le corresponden a la hora de "determinar la solvencia y naturaleza" de estas entidades, en línea con lo dictaminado por el Consejo de Estado en su informe hecho público el jueves. Fuentes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya advierten que el margen de negociación es muy estrecho, y sostienen que sólo se retirará el recurso contra la Lei de Caixas si el Gobierno gallego acepta modificar, punto por punto, los diez preceptos de la norma que censura Moncloa. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra así en un callejón sin aparente salida. Las condiciones a las que alude el Gobierno central darían al traste con la fusión de las cajas tanto como el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo de Zapatero pretende con su recurso, entre otras cosas, que se elimine de la Lei de Caixas la renovación antes de abril de la mayoría de los órganos de gobierno de Caixa Galicia y Caixanova, lo que permitiría mantener en la dirección de esta última a los opositores a la fusión. Además, la Xunta debería borrar de la norma el precepto que permite que las asambleas generales de las entidades aprueben la integración por mayoría simple y no reforzada, como establece la legislación estatal.

El mismo día que el Gobierno abría con su recurso uno de los mayores conflictos institucionales de la democracia con la Xunta, Feijóo se presentaba en Vigo, núcleo de la resistencia a la fusión. Allí, primero ante la junta local del PP y, a continuación, con un grupo representantes de la sociedad civil, el presidente se esforzó en explicar que no se trata de una fusión contra Vigo, sino todo lo contrario. "No es una absorción", alertó, sino "una fusión igualitaria, equilibrada y paritaria" que permitirá que la ciudad tenga "sedes financieras".

A cuatro días de la manifestación contra la fusión convocada por el alcalde, Abel Caballero, Feijóo explicó las razones por las que cree que la operación es "lo mejor para Vigo". "Vengo a dar la cara" y a explicar que su propuesta es "lo mejor para Vigo y para Galicia", afirmó, en una intervención final ante los dirigentes locales del PP abierta a los medios de comunicación. Pero el acontecimiento del día no era la manifestación, sino el recurso, y por ahí confesó Feijóo muy escasa sorpresa: "Era sabido desde el día que el PSdeG anunció que no apoyaría la Lei de Caixas".

Atribuyó directamente el recurso al PSOE, que quiere "bloquear el futuro de las cajas con un arbitrario recurso de inconstitucionalidad que va contra la fusión". Pero la Lei de Caixas, sostuvo, es "tan constitucional como la vasca, la catalana, la andaluza y la madrileña". "Lo que sí es anticonstitucional es promover la desigualdad entre ciudadanos y cajas de distintas comunidades autónomas", acusó. La Xunta defiende "con números" una fusión "solvente", pero enfrente se ha encontrado un Gobierno "que quiere utilizar la fuerza contra la razón". "Estoy convencido de que el abuso de poder no cabe en la Constitución", apostilló.

Pese a todo, la mano sigue tendida al diálogo. El Gobierno central no está dispuesto a ceder en los 10 preceptos recurridos, pero el presidente gallego hizo el enésimo ofrecimiento de negociación, que evite un recurso "que llevará al precipicio el futuro de las cajas". Si se quiere trabajar para que Galicia continúe en el mapa financiero español, la Xunta "no se levantará de la mesa". Ahora bien, "si lo que se quiere es amenazar, amedrentar y hacer abusos de poder, eso será responsabilidad del Gobierno".

Feijóo tiró de su tono más solemne para recordar que el del futuro de las cajas "no es un debate cualquiera, sino un debate histórico". Lo comparó con el del Estatuto de Galicia, hace 25 años, cuando se ventilaba si Galicia era "una nacionalidad histórica o una región". La importancia del momento actual no le va a la zaga: "Ahora nos jugamos seguir existiendo o no en el mercado financiero español; se dice pronto, pero es extraordinariamente importante". Así, auguró que de un escenario con 47 cajas y 17 comunidades autónomas, se pasará a otro con sólo 10 cajas. Por ello, abogó por que una de esas 10 sea gallega, "y la quinta del país".

El reto es, por lo tanto, "estar dentro de las comunidades con cajas de ahorro". Y con ese objetivo manifestó su voluntad de seguir trabajando "conjuntamente" con las cajas y con "todos los partidos, salvo el PSOE, que se descolgó". De ahí que hiciese mención a la foto del manifiesto por la fusión promovido por el BNG y firmado ayer, en la que no aparece ningún representante socialista.