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El tripartito arropa a Geli por el hospital del Baix Llobregat

Salud se defiende de las acusaciones de la sindicatura

Si la consejera dice que no ha habido irregularidades es que no las ha habido. Los tres socios del tripartito arroparon ayer a la consejera de Salud, Marina Geli, cuya gestión en la puesta en marcha del hospital del Baix Llobregat ha sido duramente cuestionada por la Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza las administraciones catalanas. El Departamento de Salud convocó ayer de urgencia a todos los grupos parlamentarios para convencerles de que en la construcción del centro ni hubo adjudicaciones millonarias de proyectos a dedo ni pagos por duplicado a los arquitectos como sostiene la sindicatura.

La reunión, de carácter informal y a la que ni siquiera acudió la consejera, se produjo en el Departamento de Salud y no en el Parlament. Por esta razón no acudieron ni Convergència i Unió ni el Partido Popular, que calificaron el encuentro de simple intento de eludir el control parlamentario. El diputado del Grupo Mixto José Domingo tampoco acudió a la convocatoria, aludiendo motivos personales.

Sí se reunieron con los técnicos del Departamento de Salud la diputada del PSC Carme Figueres, el diputado de ICV y líder de Esquerra Unida Jordi Miralles, y el representante de Esquerra Republicana Uriel Bertran. Fuentes conocedoras del encuentro aseguraron que los técnicos de Salud garantizaron a los diputados que todas las adjudicaciones y trabajos de puesta en marcha del hospital se hicieron siguiendo la legislación vigente. Tras el encuentro, Miralles recalcó que los trabajos en torno a la auditoría de la sindicatura continuarán en el Parlament, donde se debatirá a finales de febrero y todos los grupos podrán exponer su opinión. Esquerra Republicana rechazó ayer hacer cualquier declaración sobre el encuentro con los técnicos de Salud y remitió a la versión oficial del departamento.

El Gobierno catalán sostiene que las adjudicaciones a dedo y los pagos duplicados que denuncia la sindicatura son completamente legales porque el consorcio que construyó el hospital y la residencia de Collblanc, de capital cien por cien público, tiene carácter de empresa privada y no debe someterse a la ley de contratación de la Administración pública. La sindicatura, por su parte, reitera que todas las empresas públicas de la Generalitat están sujetas a las mismas normas.

El órgano fiscalizador ha enviado el informe sobre el Consorcio Sanitario Integral, gestor del hospital del Baix Llobregat, al Tribunal de Cuentas, que, a diferencia de la institución catalana, sí tiene capacidad sancionadora.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de febrero de 2010