El 'gran hermano' de los viajeros

El viajar parece convertir al ciudadano en sospechoso. Cada vez que un viajero, español o extranjero, embarca en un barco o un avión con destino a España desde un país que no sea del llamado espacio Schengen, sus datos personales vuelan por delante de él hacia los ordenadores de la policía y la Guardia Civil. Y antes de que el barco atraque o el avión aterrice, las Fuerzas de Seguridad del Estado ya saben si ese viajero tiene cuentas pendientes con la justicia o está incurso en algún tipo de investigación. El envío anticipado de esa información por parte de las empresas de transporte ha permitido, según el Ministerio del Interior, que desde marzo de 2007 hayan sido detenidas a pie de escalerilla 3.360 personas tras la revisión de más de 45 millones de pasajeros, el equivalente a la actual población española. Algunos de ellos eran terroristas.

Las compañías deben enviar los datos de sus clientes antes del viaje

Ése es el resultado de la aplicación del llamado Sistema de Información de Listas de Embarque (APIS, en sus siglas en inglés), uno de los mecanismos de refuerzo de las medidas de seguridad y de los controles fronterizos desarrollado tras los atentados del 11-M en Madrid. El APIS obliga a las 208 compañías aéreas y ocho marítimas adheridas a enviar, antes de que el transporte parta, un paquete de datos de cada uno de los pasajeros: nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, tipo de documento utilizado para embarcar... Si hay algo pendiente contra algún viajero, el ordenador dispara una alarma y la comitiva policial se encamina hacia la escalerilla con los grilletes.

El Gran Hermano del viajero comenzó a funcionar el 19 de marzo de 2007, y fue ampliando su capacidad de manera progresiva. Inicialmente, el programa informático sólo identificaba los datos de las personas con órdenes de busca de captura pendientes, reclamaciones judiciales, requisitorias, ya fueran cursadas por España o por otros países. Hoy sirve también para localizar antes de llegar a personas sometidas a investigaciones de policía y Guardia Civil pero sobre las que aún no hay nada contra ellas para detenerlas. Así, desde el 19 de marzo de 2007 al 31 de diciembre del año recién acabado han sido localizados 27.665 investigados, "algunos de ellos vinculados con terrorismo o delincuencia organizada". "Y luego la policía o la Guardia Civil han tomado las medidas o mecanismos de investigación que han considerado necesarias", según fuentes de Interior.

Los datos son descomunales. Gracias al APIS se ha revisado el pasaje de 317.572 vuelos y de 27.093 transportes marítimos procedentes de países como Marruecos, EE UU, Reino Unido, China o Arabia Saudí. La aplicación informática ha cotejado con las bases de datos de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, mientras el medio de transporte realizaba su ruta, la información relativa a 45.256.470 pasajeros.

Interior no cree que el APIS sea un mecanismo de hipercontrol de los ciudadanos, ni que convierta a todos en sospechosos. "Gracias a este sistema, los ciudadanos normales están más seguros pero es un problema para los malos", alegan fuentes ministeriales. El sistema es muy similar al que funciona en EE UU tras los atentados del 11-S, ya que dicho país también obliga a las compañías aéreas a enviar anticipadamente los datos de pasajeros. España está adherida a este sistema, pero no así otros países de la UE.

Sin embargo, en el intento de atentado contra un avión en Detroit por parte de un supuesto miembro de Al Qaeda, el sistema norteamericano, volcado en la localización de terroristas, no funcionó. Sacrificar privacidad por seguridad no sirvió para nada.